La evidencia del grave peligro que enfrentan las comunidades fue el incendio que en noviembre del año pasado se registró en una bodega de Fontibón, en el occidente de la ciudad, donde se quemaron 600.000 llantas que provocaron una emergencia ambiental de más de cuatro meses en las localidades de Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda y Teusaquillo.
Los bogotanos nos quedamos sin saber cuál fue el efecto en la salud de los habitantes de estas localidades, pues ninguna autoridad midió el impacto que respirar aire altamente contaminado les produjo a las personas, y especialmente a los niños de los colegios vecinos al sitio de la emergencia.
No hay derecho a que llevemos cuatro meses de polémica después de esa emergencia, y aún hoy, caños, potreros, separadores, avenidas, andenes y parques aparezcan de la noche a la mañana invadidos de llantas. Las cifras oficiales indican que la ciudad genera al año unos 2,5 millones de llantas usadas y casi un millón terminan botadas en la calle.
Y no es solo el problema estético de llantas abandonadas por todas las esquinas. Estos neumáticos abandonados se llenan de agua y se convierten en generadores de insectos y malos olores, y bien podrían llevar a la ciudad a una verdadera emergencia sanitaria. A eso se suma la costumbre de quemarlas en la calle: el material particulado y el azufre que sale de ellas en estos casos puede afectar gravemente los pulmones de las personas.
¿Por qué una ciudad como Bogotá no es capaz de implementar un programa reciclaje o un sistema que permita la trituración masiva de llantas, para usarlas por ejemplo en la producción de pavimento?
Bogotá no puede quedarse quieta, esperando que la Nación le entregue el manejo directo de las llantas usadas. Está demostrado que el sellamiento esporádico de bodegas que almacenan inadecuadamente las llantas, sin un plan contra incendios, no está surtiendo un efecto disuasivo.
La misma secretaría de Ambiente teme un desastre como el de Fontibón, úes tiene identificados no menos de 20 puntos críticos de almacenamiento clandestino en Fontibón, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Suba, donde se podría enfrentar otro desastre ambiental. Y lo más grave, y a lo que no hay derecho, un desastre ambiental anunciado.
