Es indignante que además de las demoras de más de dos horas que tuvieron que aguantar los pasajeros del transporte público y las personas que se movilizaban en sus carros particulares, la ciudad tenga que gastar dinero del erario público en arreglar los daños de estos delincuentes que se filtran en las marchas.
Defendemos la protesta social, y apoyamos que se les brinde garantía, pero como ciudadanos estamos cansados de que cada vez que hay una manifestación, que irremediablemente termina en vandalismo contra la ciudad, su mobiliario y sus habitantes, la única respuesta que se tenga es que son infiltrados.
Ya es hora que esos infiltrados reciban todo el rigor de la ley. Esta vez hay tres detenidos. Tienen que ir a la cárcel y pagar penas severas, y sus familias deben responder con su patrimonio por el daño que le causan a la ciudad. No más impunidad. La protesta social no puede ser el escudo de delincuentes que aprovechan para dañar la convivencia y atacar sin piedad.
