El mismo cinismo con el que asaltaron las arcas públicas con la complicidad de los funcionarios de turno lo utilizan ahora para gozar de libertad. Por ejemplo Guido Nule, que había sido condenado a 21 años por varios procesos, solo pagó 7 años y 8 meses y además gozó de la prerrogativa de casa por cárcel. Está libre desde finales de año.
Durante el proceso en el que lo condenaron se probó que se apropió de 60.000 millones de pesos con los que enriqueció su patrimonio y hasta hoy no devolvió un peso a las arcas públicas.
Esto es consecuencia del Código Penal garantista con los corruptos que tenemos en Colombia y que permite que puedan quedar en libertad condicional una vez cumplen las 3/5 partes de la pena. Y claro lo logran rápidamente porque por cada dos días de trabajo o estudio les restan uno de sentencia.
Este tipo de beneficios no debería contar para los corruptos, menos cuando no han dado muestras de arrepentimiento como el caso de los saqueadores del carrusel que han dado gala de la prepotencia que les dio en su momento el poder de la contratación en Bogotá y en el país.
Los ciudadanos se indignan con razón porque en este caso, por ejemplo, se quedarán más de ocho años de prisión sin cumplir, porque Guido Nule tendrá la libertad de transitar por la zona del país que quiera, con la única restricción de no poder salir del país.
Mauricio Galofre Amín, socio de Miguel, Manuel y Guido Nule, también está gozando de libertad desde comienzos de diciembre del año pasado: le decretaron el cumplimiento de las 3/5 partes de la sentencia de 17 años a la que fue condenado por delitos como peculado, cohecho, falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir.
Es cierto que la Procuraduría apeló las decisiones de libertad condicional y que la Fiscalía anunció que va a investigar. Pero no nos digamos mentiras, en el Código Penal están las gabelas, y los jueces de ejecución de penas van a defender su decisión con la ley en la mano porque el origen del problema está en el Código.
Me pregunto por qué la figura de la extinción de dominio no cae sobre corruptos como los del carrusel para que sus bienes permitan recuperar lo robado en lugar de enriquecer ilícitamente los patrimonios de los saqueadores.
El carrusel de la contratación tuvo como protagonistas al alcalde Samuel Moreno Rojas y a su directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Liliana Pardo, junto con otros funcionarios, y al conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule y sus primos Manuel y Miguel.
En el 2010 se descubrió el carrusel cuando se detectó el desvío de más de 80.000 millones de pesos por parte de estos empresarios, que en particular afectó al construcción de la troncal de la calle 26, obra que terminó cedida y que tardó varios años en ser terminada.
En diciembre del 2015 la Fiscalía tenía en su lista a 110 procesados, de los cuales 11 funcionarios y 18 contratistas habían sido condenados. Otros 40 enfrentaban juicio. Pero como se está viendo ahora, que los hayan condenado no ha significado justicia, porque ahora, con poca pena cumplida están empezando a recobrar la libertad.
No podemos olvidar la lista de los implicados, para que al menos la sanción social siga vigente: el alcalde Samuel Moreno Rojas, su hermano el senador Iván Moreno; la directora del IDU Liliana Pardo y varios de sus funcionarios. En la lista de contratistas están Manuel, Miguel y Guido Nule, Mauricio Galofre, Julio Gómez, Manuel Sánchez y Emilio Tapia que está disgustado porque no ha conseguido la libertad condicional sino la casa por cárcel. Ay... y no olvidar al exconcejal José Juan Rodriguez que hoy esta gozando de las mieles de la libertad.
Nunca debemos olvidar este penoso y vergonzoso episodio que sumió en una profunda crisis la credibilidad en las instituciones, arrancó de un tajo el sentido de orgullo de los bogotanos por su ciudad y genero enormes costos que se pagaron de los dineros públicos de la ciudad.
Concejal
