Parqueo de vehículos sobre vía pública en Bogotá

Jorge Durán Silva, nombra este tema de suma importancia para los ciudadanos de la capital, tengo opiniones divididas en referencia a este tema, porque reconozco que el déficit de parqueaderos en Bogotá es enorme; pero también al mismo tiempo considero que este proyecto es inconveniente para la cuidad por tal motivo en su momento oportuno presente una ponencia negativa pero la administración la retiro y paso este PA por decreto.

Martes 5 de febrero de 2019

Esta iniciativa tiene como objeto, establecer el cobro de la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo estacionamiento en vía, con el fin de aportar a la sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional del sistema de transporte público. Frente a este déficit la administración, propone tres fuentes de financiación: (1) Pago voluntario por libre circulación, (2) Cobro por estacionamiento regulado en vía pública (3) Contribución por servicios de garajes o zonas de estacionamientos públicos.

Como se evidencia, el tema de la Contribución por el Servicio de Estacionamientos ha sido presentado en varias oportunidades a esta Corporación, sin embargo ha sido archivada en primera instancia, porque desde el punto de vista técnico, los proyectos presentados han carecido de fundamento sin dejar claridad los conceptos relacionados con las tasas y las contribuciones. Así mismo, desde el punto de vista de conveniencia para la ciudad, los Proyectos de Acuerdo no han tenido el respaldo esperado, ya que se conciben como una sobrecarga tributaria para la ciudadanía, quienes deben asumirlos bajo el supuesto falso que son las personas de los estratos más altos quienes hacen uso más frecuente del vehículo particular y por ende es esta población quien asumirá los mayores costos de esta contribución.

Según el análisis del ajuste salarial vs costo de vida, se tiene mucha incidencia las Reformas Tributarias que se han presentado, porque han impactado considerablemente el bolsillo de los colombianos; Es claro que se debe considerar el impacto inflacionario que causa un incremento desmedido del salario mínimo, ya que como se señala por la Revista Dinero “Todo aumento en la capacidad de consumo de la gente deriva en un mayor nivel de gasto y eso genera presión sobre la oferta de productos de la economía. Si se les va la mano a las autoridades, eso se podría ver reflejado en un mayor nivel de precios y dependiendo de la inflación generada, el efecto del aumento en el salario se vería literalmente licuado: en un escenario inflacionario, lo que se afecta es la capacidad de compra de la gente.”

Adicionalmente, tenemos las preocupantes cifras de desempleo que bordean el 10% y que no permiten tener una estabilidad real de la economía, ya que la informalidad se convierte en el pan de cada día y en el mecanismo más efectivo para sobrevivir ante una economía cada vez más agresiva para el ciudadano del común gravando constantemente todo su actuar.

El sistema de transporte público, debe reestructurarse ya que el proyecto de la administración Peñalosa, tiene por objetivo fundamental la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público de Bogotá, pero el proyecto de acuerdo adolece de un diagnóstico que permita esclarecer la situación financiera del sistema. La administración limita su argumentación a un juicio sin sustento: “son las personas de mayores recursos las que hacen uso del vehículo privado motorizado, mientras que la población más vulnerable de la ciudad se transporta, en su mayoría, en transporte público.” 

De acuerdo al análisis que realizo el concejal Jorge Durán, resulta totalmente inconveniente para la ciudad incrementar la carga tributaria existente toda vez que la capacidad de pago de la ciudadanía se encuentra en riesgo de asfixia fiscal (Bogotá como Vamos, 2017). Ante el elevado costo de vida, las reformas tributarias de carácter nacional tales como el incremento en la tarifa y base gravable del IVA y el impuesto a la renta, entre otros, así como a nivel distrital el incremento del impuesto predial, las pretensiones de cobros por valorización, del impuesto de industria y comercio, la respuesta de la administración no puede ser recrudecer las condiciones de vida de los ciudadanos de la ciudad.

La conclusión del cabildante del partido liberal, lleva a que la verdadera motivación del proyecto es cubrir un déficit de más de $4 billones de pesos del Fondo de Estabilización Tarifaria, sin que exista un plan riguroso que permita solventar de raíz el problema y que termina siendo arrojar $2 billones de pesos a un pozo sin fondo.  La administración presenta un proyecto prejuicioso y superficial que no señala el estado real del déficit del sistema de movilidad de Bogotá y adolece de un plan de reestructuración que permita solucionar las causas del problema. Un proyecto donde se grava el bolsillo de los estratos 1, 2, 3 y 4, sin tocar las suntuosas ganancias de los operadores del sistema masivo.

El proyecto presenta como segunda motivación la reducción de la congestión de la ciudad, situación que la literatura especializada y los estudios sobre la ciudad desmienten. El Proyecto como está estructurado sostendrá los niveles de congestión toda vez que no ataca las pésimas condiciones de calidad del sistema de transporte público. Se reitera que el proyecto tiene como propósito exclusivo crear una nueva carga tributaria en la ciudad.

Finalmente, es evidente que desde el punto de vista legal, el Proyecto de Acuerdo no se ajusta al Principio de Legalidad, ya que incorpora un factor adicional que no se encuentra expresado en la Ley de creación, si bien es cierto desde la Constitución Política se garantiza la autonomía de las entidades territoriales en materia fiscal, no es menos cierto que sus actuaciones deben regirse de acuerdo a lo expresado en la leyes superiores, además de consultar el bienestar general el cual debe primar sobre los intereses particulares.

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