Plataformas tecnológicas en el transporte público y cambio de taximetros.

Modernización de los servicio de taxis y tabletas inteligentes en Bogotá, reemplazar el taxímetro por aplicaciones es algo que demanda la nueva era, pero no es la única solución para la problemática que sufre este colectivo.

La agenda pública del siglo XXI, está marcada por la defensa del medio ambiente, los tratados de libre comercio, los avances tecnológicos y la nueva red en las telecomunicaciones. Los anteriores ítems imponen a los gobiernos a formular e implementar acciones para adecuarse a las exigencias que el mundo contemporáneo constantemente provee con el fin de facilitar las relaciones entre los ciudadanos.

Bogotá, no puede ser ajena a este determinismo global, especialmente cuando es la quinta economía de América Latina, la Atenas Suramericana tiene la obligación de sintonizarse con los cambios internacionales. Se ha debatido la necesidad de iniciar la obra del metro como respuesta a los requerimientos de una ciudad que implora tener un transporte acorde con las necesidades de sus habitantes, pero como lo he manifestado en reiteradas ocasiones la omisión y poca diligencia de los gobernantes de turno o la falta de criterio legal y técnico en otros casos, han postergado el sueño y el clamor ciudadano, que demanda respuestas públicas al servicio de transporte público colectivo.

En este escenario, se impone la necesidad de sincronizar el servicio público individual de taxi conforme a los avances tecnológicos que han ubicado la imperiosa obligación de ofertar un servicio público en tiempo real frente a los requerimientos ciudadanos. En nuestro país según cifras del Ministerio de Tecnología y de la Información en el 2017, estaban en servicio 62.2 millones de líneas de telefonía celular, es decir por cada colombiano hay 1.2 líneas, lo cual indica la incidencia que ha tenido uno de los criterios de la agenda pública mencionada en los habitantes de nuestro país, instando de esta manera a las instituciones públicas a diseñar acciones y políticas  que faciliten  la provisión de servicios  públicos en armonía con los avances tecnológicos y de comunicación.

Por lo anterior celebro que desde la misma institucionalidad se proporcionen instrumentos que se dirijan a ubicar a la ciudadanía como clientes que demandan servicios conforme a los criterios de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia. Lo que no celebro es que la institucionalidad por el afán de adecuarse a las exigencias tecnológicas imponga implementarlos, sin tener en cuenta la realidad de un oficio que debe ser protegido por cuanto ejercen un oficio que motiva y moviliza la productividad económica de la ciudad.

Preocupaciones que se suscitan en el gremio no pueden ser de poca monta para que la administración distrital deponga sus demandas solamente para garantizar el servicio a los usuarios cuando el servicio público individual de taxi involucra, propietarios, empresas y usuarios dentro de esta cadena productiva que integralmente debe ser protegida.    

Dificultades de seguridad, trasparencia y eficacia para combatir la ilegalidad de servicios particulares sustituyendo de esta manera los servicios del transporte individual constituyen causas para exigirle a la administración distrital que responda a las inquietudes de un gremio que  si bien debe mejorar en la prestación del servicio, esto no es óbice para legitimar servicios que atentan contra la legalidad y la institucionalidad

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