Población vulnerable no puede asumir costos de conservación de patrimonio arquitectónico

La imposición de multas a propietarios de predios que son patrimonio arquitectónico y están en amenaza de ruina constituye una forma de desplazamiento contra personas en estado de vulnerabilidad.



Miércoles 13 de junio de 2018

La imposición de multas a las personas propietarias de vivienda que son patrimonio cultural y que están en amenaza de ruina, deben tener un criterio diferenciador, pues una persona que vive por debajo de la línea de pobreza no puede asumir los costos de una restructuración y tampoco las sanciones económicas que contempla la legislación.

El llamado lo hizo la concejal del Polo Democrático, Xinia Navarro, durante debate adelantado hoy por la plenaria del Concejo, al  advertir que en las localidades La Candelaria, Santa Fe, Mártires y Teusaquillo, en donde se concentran este tipo de viviendas, residen  personas de todos los estratos, en especial de estratos bajos.

120 predios en la localidad de Santa Fe tienen declaratoria de amenaza en ruina, similar situación se presenta en Mártires y Teusaquillo, mientras que en La Candelaria existen 214 predios en riesgo estructural.

“La restructuración de una vivienda de patrimonio histórico puede costar mil millones de pesos, costo que no puede asumir población vulnerable. Además, así exista un concepto técnico de la Administración Distrital que afirme que ese predio está en amenaza de riesgo, se debe tener en cuenta que la realidad desborda las condiciones económicas de muchos de esos propietarios”, expresó Xinia Navarro.

Para la cabildante, esta problemática se está convirtiendo en una forma de desplazar a las personas, y dichos predios están quedando en manos de multinacionales y del mismo Estado quienes sí pueden invertir los recursos para las restructuraciones necesarias.

Ante esta problemática la concejal Navarro Prada solicitó a la Secretaría de Gobierno tener un diagnóstico de todos los inmuebles con amenaza de ruina y que son patrimonio arquitectónico, en el que se sepa cuáles son las condiciones socioeconómicas de sus propietarios o poseedores, y a partir de allí hacer un plan de contingencia con Secretaría de Integración Social y las entidades involucradas en el control urbanístico. En las alcaldías locales se deben suplir las querellas que aplican en casos de no conservación patrimonial cuando a quienes se las imponen son personas que viven en condiciones de pobreza.

https://www.youtube.com/watch?v=5BvDZ2vno0g&t=3s

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