La reacción airada de alcaldes, autoridades de policía, rectores de colegios y padres de familia en contra de la decisión, refleja la gravedad de la situación. No hay clamor más grande en cada barrio, que el que hacen los padres de familia reclamando acciones contundentes en contra de los consumidores y jíbaros que se tomaron los parques y colegios. El fenómeno del microtráfico es el peor de los males que afecta a Colombia en el siglo XXI. Ya no solo afecta las grandes ciudades, sino que ha llegado para quedarse y ahora está en municipios medianos y pequeños, inclusive en las áreas rurales.
¿Pero que dijo la Corte?, las magistradas argumentan que el fallo se sustenta en que no puede haber una restricción general de consumo porque se afecta el libre desarrollo de la personalidad. Y es aquí donde todos nos preguntamos ¿Puede estar el derecho de una minoría que consume, sobre el derecho de la mayoría que no quiere consumir y que su proyecto de vida también es vivir seguro y en sana convivencia en su propio barrio?
Desconoce la Corte Constitucional la relación directa entre consumo de estupefacientes e inseguridad. Es contraevidente que el objetivo de las bandas de narcotráfico es escudarse en la dosis mínima y la de aprovisionamiento para inducir a los niños y a los jóvenes a consumir, posteriormente a partir de su dependencia y adicción, los usan y los instrumentalizan para cometer todo tipo de fechorías y matonear a los vecinos, haciéndolos entrar en el círculo del mal.
¿Cómo funciona esto? Primero los jíbaros y consumidores fuman o meten cerca a los niños, luego les regalan las papeletas de marihuana o bazuco. A partir de ese momento los reclutan para sus bandas o combos. Es entonces cuando la adicción hace que sean instrumentalizados.
En ese momento ya los jibaros los mandan a llevar papeletas a diferentes esquinas del barrio y a los parques. Luego se vuelven campaneros a cambio de más papeletas o las llamadas bichas. Es en ese instante cuando comienzan a entrenarlos para robar en el mismo barrio, posteriormente pasan a extorsión a los comerciantes. Los que se destacan y son más agresivos, los envían a Transmilenio a robar celulares. Finalmente, a los que más avanzan en esta carrera del mal, los meten de apartamenteros o fleteros. Cada vez que van a cometer un delito se meten un pase o una papeleta. Todo lo anterior es el círculo del mal que comenzó en el parque o en los alrededores del colegio del barrio.
Los comportamientos de los consumidores en el parque no son de personas que esté buscando su libertad de expresarse. Lo que realmente sucede es que son amedrentadores profesionales. Las mamás ya no quieren llevar a sus hijos al parque o dejarlos salir solos, porque los consumidores siempre están allí. Los abuelos dicen no querer pasar por el parque o usarlo porque no quieren oler el humo de lo que ellos se fuman. Ya todo el mundo sabe a qué huele la marihuana, así no sea consumidor. Las bandas o combos marcan los parques con tennis colgando en los cables de energía, para enviar una señal de que el parque les pertenece.
En solo Bogotá hay más de 5000 parques, en todos ellos hay riesgos de microtráfico. La situación ya estaba desbordada y ahora sin instrumentos de control por los artículos derogados por la Corte Constitucional, el caos va a ser peor. De hecho, ya fui informado de que la noche en que se conoció el fallo, en el Parque de los Mártires, salieron los jíbaros y consumidores a presumir y a fumar. Ante el reclamo de los vecinos, solo hubo burlas y aseveraciones: “La Corte nos lo permite”.
El rol de la Corte Constitucional es preservar los derechos establecidos en la carta magna, pero no puede solo tenerse en cuenta la máxima del libre desarrollo de la personalidad para tomar esas decisiones. De hecho, desconocen entonces que los derechos de los niños, que incluyen vivir en un ambiente sano y sin riesgos, son derechos prevalentes sobre los derechos de los demás.
Por otra parte, la misma sentencia 221 de 1994 del Magistrado Gaviria señalaba que el legislador podría determinar las circunstancias donde se podría restringir el consumo de sustancias psicoactivas cuando socialmente fuera nocivo, esta debería ser una tarea del legislador. Y eso era lo que había regulado el Congreso con los artículos del Código de Policía. Pues bien, el consumo en parques y espacios públicos si es nocivo, entonces no puede la misma Corte contradecirse frente a sentencias anteriores. Debería entonces unificarlas.
Una mamá me decía con angustia: ¿Entonces de que nos sirve a los papas no fumar o no tomar para dar buen ejemplo si el país lo naturaliza? ¡Que paradoja!
La Corte Constitucional debe revisar el fallo y unificar criterios frente a decisiones anteriores. Los municipios y concejos municipales podrían avanzar en reglamentar sitios libres de alcohol y drogas, en especial parques y colegios con base en el derecho prevalente de los niños . La ciudadanía debería movilizarse para exigir a la justicia que considere realidades que a veces desbordan las decisiones académicas.
La situación es tan delicada que el fallo de la Corte tiene unas implicaciones gravísimas sobre la vida, integridad y tranquilidad de niños. Jóvenes, ancianos y deportistas tendrán que quedarse ahora secuestrados en sus propias casas.
Lamento profundamente que la discusión sobre el libre desarrollo de la personalidad se haya suscrito solo si se puede fumar un porro en un parque, cuando nuestra democracia requiere avanzar mucho más en conceptos de libertad, derechos y responsabilidades en tantos ámbitos de la vida para ser una verdadera sociedad democrática; lamento que a la Corte Constitucional se le haya olvidado que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”
La decisión de la Corte Constitucional nos hace vislumbrar un futuro donde en nuestros parques veremos y respiraremos humo y no sudor.
Concejal de Bogotá
