Un ejército, sobre todo de jóvenes, ruedan, a veces a unas velocidades que ponen en peligro a otros actores viales, incluidos los peatones y los ciclistas, porque siempre van a la carrera a entregar pedidos.
Bahías como las de la calle 63, junto al Carrulla, andenes como los de la carrera 7ª entre calles 59 y 58, sin contar múltiples espacios similares de toda la ciudad, se han convertido en parqueadero de bicicletas de los rappitenderos.
No hay quien atienda los reclamos ciudadanos, unos porque en algunos sectores tienen que usar las calzadas y exponerse a los carros porque no pueden circular por los andenes ocupados por los rappitenderos, otros porque los sitios donde solían parquear ahora están colonizados por estos llamados emprendedores.
Las múltiples quejas porque estos jóvenes trabajan por su cuenta y riesgo y sin prestaciones sociales han sido respondidas por los inversionistas con la excusa de que no hay vínculo laboral y que se trata de emprendedores que responde demanda de servicio de domicilios.
Fácil la respuesta de que es una plataforma que conecta usuarios que tienen un pedido con rappitenderos que tienen tiempo para realizar diligencias. Falso, lo que ocurre es que son jóvenes desempleados que se cometen a la explotación porque no tienen otra opción. Llegan creyendo que tienen garantías y terminan sometidos incluso a pagar de su bolsillo los pedidos que no lleguen a tiempo.
Esta es una organización que tiene inversionistas colombianos y fondos internacionales a los que no les importa el impacto urbano y la situación de este ejército de mensajería.
Es urgente una acción integral en la que deben intervenir las secretarías de Movilidad, Desarrollo y Seguridad, pero también el ministerio de Protección Social. Hay temas de ocupación del espacio público, de obstrucción de la movilidad, de desempleo, de falta de seguridad social.
Necesitamos protocolos claros para controlarlos. Son visibles los logos y grandes maletines de la empresa, pero a la hora de registrar un comparendo no se pude distinguir si el infractor fue un rappitendero o un biciusuario normal; tampoco es claro si hay controles para evitar la ocupación del espacio público para que los andenes no se conviertan en parqueaderos de mensajeros de domicilio.
Las autoridades locales y nacionales no pueden seguir ignorando el problema, porque nos está pasando como el bicitaxismo que se tomó las vías de la ciudad, la autoridad ignoró el fenómeno y al final, después de más de 15 años, ha tenido que salir a legalizar.
Los peatones no pueden seguir inermes ante el avasallamiento de este fenómeno. Por lo menos tiene que establecerse un mecanismo para sancionar la ocupación del espacio público, las infracciones que se cometen en las vías por parte de los rappitenderos y tener claro el impacto que están causando en la movilidad y el espacio público de la ciudad.
Concejal
