El paro de transportadores del servicio público colectivo que ha afectado la vida de las bogotanas y los bogotanos durante tres días, con serias consecuencias políticas, económicas y sociales, es el resultado de la improvisación y la demora sistemática en el proceso de definición e implementación del SITP, y de las decisiones tomadas a puerta cerrada.

Las afirmaciones hechas ayer por el alcalde Samuel Moreno sobre la normalización gradual del paro y la sanción que enfrentarían las empresas de buses que no cooperaran, son desacertadas, pues no son las empresas sino los dueños de los buses quienes protestan.

El alcalde Moreno, en su posición de no adelantar negociaciones mientras siga el bloqueo, no cumplió la cita programada para las 5 a.m. de hoy con Apetrans, y la ciudad sigue enfrentando un paro del 95% de los transportadores, que la tiene al borde del colapso. El Alcalde y el Ministro de Transporte se comprometieron con que 3.000 policías escoltarían los buses.

Es un hecho que en materia de SITP no puede ni debe haber reversa. Sin embargo, el alcalde, a pesar de que hace más de cuatro años la ciudad sabe lo que debe hacer para la modernización de transporte público, no tomó ni ejecutó oportunamente las decisiones requeridas.

Precisamente, a pesar de que desde hace más de un año la Administración sabía que con ocasión de la implementación del SITP era una prioridad contar con las equivalencias en materia de jerarquización de rutas, corredores y número de vehículos, se tomó más de un año en adoptar la nueva reglamentación de los procesos de reposición y desintegración física. Esto evidencia improvisación y falta de responsabilidad con la ciudad.

Durante 2009 la Administración distrital debió dar cumplimiento a los objetivos de la política para mejoramiento de la calidad de servicio (decreto 115 de 2003), reduciendo la sobreoferta calculada en 8.000 vehículos y la edad del parque automotor, a partir del éxito del programa de chatarrización y de la eficiente gestión de los recursos del factor de calidad.

Al respecto es preciso llamar la atención que la Administración distrital haya gastado más de $100 mil millones, cuando sólo desintegró algo más de 900 vehículos en 2008; 300, en 2009, pagando más de 120 millones de pesos por vehículo a chatarrizar.

En ese sentido, el Alcalde no previó las consecuencias de una decisión que haría que los propietarios de un bus, que después de recibir $120 millones por chatarrizar un bus, reciba ahora menos de un millón y medio de pesos y una renta inferior a un salario mínimo.

Aunque Samuel Moreno fue elegido por sus propuestas en el tema de movilidad, es precisamente éste el eje de los problemas que enfrenta su administración: Demoras en la construcción de la fase 3 de Transmilenio, la falta de definición de los diseños de Transmilenio por la Carrera Séptima, la poca claridad de la viabilidad técnica y financiera del metro, y ahora el manejo tan lamentable que se viene dando al paro, son muestras de la improvisación con la que la administración distrital viene manejando el tema de la movilidad en Bogotá.

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Liliana Valencia R.

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