Proyecto de reactivación económica es una medida recaudatoria para impedir que finanzas del Distrito se deterioren

Jueves 15 de octubre de 2020

El concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, durante el primer día de debate del proyecto de acuerdo 315 de 2020 sobre “Reactivación económica y formalización del empleo en Bogotá”, aseguró que, esta iniciativa deja mucha incertidumbre e invitó al Distrito a que la presente como lo que es, como “una medida recaudatoria, con algunos beneficios tributarios, para impedir que las finanzas del Distrito se deterioren”.

Asimismo, cuestionó que los beneficios tributarios son solo para el 2021 mientras que el aumento de impuestos será permanente.  

“La ponencia conjunta de los concejales Diego Laserna y Armando Gutiérrez indica que los beneficios tributarios tienen un costo fiscal aproximadamente de $ 536.000 millones (únicamente para el 2021), mientras que los mayores recursos que se generarán de la aplicación de este paquete de medidas ascienden a $ 912.000 millones”, aseguró sobre el proyecto.

En cuanto al porcentaje de exención del impuesto predial entre el 30 y el 80 % del cual se verán beneficiados los colegios y jardines infantiles, advirtió que debe ser condicionado, porque muchos de estos están en arriendo y directamente no se van a favorecer de la medida.

Entre tanto, sobre la polémica de cargar tributariamente a las grandes plataformas tecnológicas, insistió en que la imposición de impuestos no soluciona las externalidades negativas de su actividad, ya que pueden terminar en aumentar la precarización del empleo, porque el incremento de la tarifa del ICA podría ser trasladado a comercios o contribuiría a desmejorar las condiciones de los domiciliarios o trabajadores.

“Incremento del ICA va a obligar a que plataformas generen otro tipo de externalidades que profundicen un modelo de negocio que se basa en reducción de costos; el efecto de este proyecto no solo debe ser recaudar recursos, sino también mejorar las condiciones de empleados”, añadió.

Finalmente, pidió que a las actividades financieras y a las empresas de telefonía como Claro, Tigo, Movistar, Virgin y Avantel, no se les haga el incremento de tarifas de manera gradual, sino inmediato, argumentando que fueron poco solidarios durante la pandemia, en el caso de los bancos, y que no ofrecieron lo servicios como establecían los contratos, en el caso de las compañías telefónicas.

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