¿Quién va a asumir las consecuencias por multa de más de 8.000 millones de pesos a causa de una no planificación por parte de la Bogotá Humana para desarrollar el Sistema Público de Bicicletas?

Advierto que la administración quiere desarrollar el Sistema Público de Bicicletas con una empresa que está demandada internacionalmente

  • La anterior administración celebró un contrato para desarrollar el Sistema Público de Bicicletas mediante una empresa de Cartago, cuya única experiencia era desarrollar el servicio de aseo, empresa que no ha pagado las multas por incumplimiento

 

“Quiero hacer un llamado y advertir  a la administración que la empresa con la que quieren desarrollar un Sistema Público de Bicicletas, mediante una APP, está demandada internacionalmente, por tanto solicito que se tomen las medidas necesarias para no retroceder con un Sistema que requiere con urgencia la ciudad”, manifestó la Concejal Angela Garzón.

No queremos otra decepción con un sistema que anhela la ciudad, ya que hay que recordar que la Administración de Gustavo Petro celebró un contrato para desarrollar el Sistema Público de Bicicletas mediante una empresa de Cartago Valle, cuya única experticia era la de desarrollar el servicio de aseo, contrato que le costó a la ciudad más de 2.600 millones de pesos y no le aportó ni una sola bicicleta.

  • Apartes de informe de la Contraloría

La Contraloría también resaltó que el objeto social de la empresa Cartagüeña de Aseo ESP integrante de la Unión Temporal BiciBogotá, fue ampliado 5 días antes del cierre de la licitación SDM-LP-026-2014, incluyendo como actividad adicional a su objeto principal “la implementación, operación y/o ejecución del sistema de bicicletas públicas, tecnología, publicidad, actividades financieras, promoción, producción y/o prestación de bienes y servicios”,  dicha actividad resultó ser igual a la de la licitación.

El contrato presentó otras irregularidades, como son:

  • - Suscripción del acta de inicio el 5 de octubre de 2015, por parte de la Secretaría de Movilidad, sin que la interventoría validara las hojas de vida del equipo de trabajo.

 

  • - El concesionario no presentó dentro de los 15 días siguientes a la firma del acta de inicio, el Programa de Trabajo Detallado, lo que acarreó una multa de $41.9 millones. 

 

  • - Contradicciones en el contenido del pliego de condiciones, la propuesta y el Contrato de Concesión, en lo relacionado con la duración de la implementación, pues en el pliego y en el contrato se habló de 36 meses y en la propuesta de 42 meses.

 

  • - El concesionario tenía como obligación transferir al patrimonio constituido, la suma de $1.593 millones máximo 90 días calendario después de la fecha de suscripción del acta de inicio y un término de 180 días calendario después de la fecha de suscripción del acta de inicio para transferir $1.062 millones para un total de $2.655 millones. Sin embargo, a junio de 2016, el concesionario sólo había consignado $90 millones.

 

  • - La Secretaría de Movilidad, el 28 de diciembre de 2015 transfirió anticipadamente a la Fiducia con el Banco Colpatria, los $3.400 millones, cuando debía hacerlo en octubre de 2017. No se entiende este proceder, cuando la entidad conocía el incumplimiento por parte del concesionario. 

 

Finalmente, el 14 de julio de 2017 se liquidó unilateralmente el contrato de concesión 2015-1042, en el cual quedó constancia que a esa fecha el contratista adeudaba a la Secretaría de movilidad, la suma de $8.420.792.750, por concepto de multas y cláusula penal pecuniaria.

De igual manera la  cabildante manifestó su preocupación al saber que la empresa BCycle Latam S.P.A presentó hace pocos meses una propuesta de APP ante la Secretaría de Movilidad para la “provisión, instalación, mantenimiento y operación de un sistema de bicicletas públicas de alquiler”, que en este momento, mediante la Resolución 062 de 2017, tiene visto bueno de la Secretaría para continuar con la estructuración del proyecto.

“Quiero encender las alarmas frente a la propuesta presentada por Mauricio Powell, representante legal de la empresa BCycle Latam S.P.A, quien también es el director ejecutivo de Bike Santiago, ya que esta firma esta demandada por el Servicio Nacional del Consumidor de Chile y el Banco Itaú. Las demandas se han dado por cobros indebidos, mala calidad del servicio y clausulas abusivas en sus contratos, y por su parte el Banco Itaú,  también demando a Bike Santiago por no pagar 15 pagarés equivalentes a $5.118 millones de pesos colombianos. Un Sistema Público de Bicicletas es necesario para la ciudad, pero pido especial atención frente a los problemas que han existido y que hoy parece desconocer la Administración con los representantes de la firma BCycle Latam S.P.A”, puntualizó la Concejal Garzón.

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