Rodear al alcalde en el proyecto carrera séptima

Con la decisión del juez 49 administrativo de parar TransMilenio por la séptima primó el interés particular sobre el general. Los perjudicados son los ciudadanos. De nada sirve invertir recursos públicos en estudios y diseños, si un juez, de un plumazo, puede parar los proyectos, como acaba de ocurrir con esta obra.

Mal precedente que se utilice la justicia con fines políticos y que se haga con la intención de paralizar las obras de la ciudad como ocurrió con el fallo que paró TransMilenio por la séptima.

Respaldamos al alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, cuando alerta sobre el riesgo de que cualquier proyecto en el país quede paralizado por la orden de un juez, sin sustentos técnicos y sobreponiendo el interés particular sobre el general, que es el caso de TransMilenio por la carrera 7ª.

Lo más grave es que esto ocurre sin consecuencias. Nadie le reclama a los jueces por las demoras en las obras, por los sobrecostos que se puedan generar por aplazar los cronogramas y sobre todo porque las soluciones planeadas con la obra tardan o dejan de llegar. Así, como lo señala el alcalde no hay estado de derecho y se perjudican son los ciudadanos.

“Aquí no importa que un alcalde fue elegido por los ciudadanos (...) no importa que los estudios y diseños se hayan hecho con dos de las firmas más importantes qué hay en Colombia (...) no importa que se hayan invertido 29 mil millones de pesos, un juez para este proyecto sin ningún sustento serio, técnico y legal”, aseguró el alcalde.

Y es cierto, en el mismo fallo el juez reconoce que no tiene conocimientos técnicos. Aun así decidió suspender la adjudicación de la licitación hasta que haya un fallo de primera instancia. Y ahí quedamos en el terreno de los jueces que se pueden tardar años en evacuar un proceso.

Entre tanto, los 2,4 billones que aprobó el Concejo para la obra quedan en suspenso y no sabemos si cuando salga el fallo alcanzarán para la obra, porque las demoras elevan los costos.

Mientras el juez se da el lujo de parar la adjudicación de la licitación sin soportes técnicos, también se aplaza el proyecto de reducir de dos horas a 50 minutos el tiempo de viaje de más los usuarios del transporte público en este corredor vial. Y nos tenemos que olvidar por ahora de aumentar la velocidad de 15 a 23 kilómetros por hora como tenía planeado la Alcaldía.

“Aquí no importa que un alcalde haya sido elegido por la ciudadanía, un Concejo elegido por la ciudadanía que los estudios y la interventoría  los hayan hecho por Ingetec e integral  que costaron 29 mil millones de pesos y un juez para el proyecto sin sustento técnico y legal”, aseguró el alcalde.

Lo respaldamos. El imperio de los jueces desgobernando en la ciudad no puede seguir con la impunidad con la que está operando. Basta ya. Dejen gobernar.

Lucía Bastidas

Concejal

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