Citando cifras el programa ‘Bogotá, cómo vamos’, la dirigente política recordó que si bien el 33 por ciento de los residentes de la zona se sienten satisfechos con el Plan Cuadrantes de la Policía, el 51 por ciento de las personas se sienten inseguridad.
Entre las razones que generan inseguridad, la concejala señaló el problema de los habitantes de calle. Dijo, por ejemplo, que de las 59.000 riñas que se presentaron en la localidad durante el 2015, 1.715 fueron provocadas por habitantes de calle. “Hay 180 habitantes de calle que circulan por la localidad pero no viven en ella”, afirmó.
La concejala Bastidas también denunció los riesgos que se corren en la localidad por la venta de alimentos callejeros sin controles sanitarios, según un estudio de la Universidad Nacional que detectó que algunos vendedores surten productos de alto peligro epidemiológico, pues la mayoría no cumplen con medidas sanitarias y de salud.
Además, denuncio la peligrosa utilización de `pipetas` o balas de gas sin ningún control de las autoridades lo que pone en grave riesgo la vida de más de un millón y medio de personas que circulan diariamente por la localidad.
Durante el debate de control político la concejala Bastidas cuestionó la falta de control efectivo a los bares. Dijo que “la localidad no tiene cifras de cuántos bares hay en Chapinero” y eso dificulta el control a problemas como la venta de licor adulterado, la infracción a las normas sobre ruido, la entrada de menores de edad y el comercio de sustancias ilícitas.
Señalo en el debate la crítica situación que enfrentan diariamente 500 músicos que ejercen su profesión en el sitio conocido como `La playa` Av. Caracas entre calles 53 y 57, que se encuentran abandonados a su suerte, en medio de expendedores de sustancias psicoactivas.
En el debate que se prolongó por más cuatro horas, la concejala Lucía Bastidas denunció, la presencia de mafias que usufructúan el espacio público, imponiendo cobros ilegales por permitir el uso de los andenes para las ventas callejeras. A este flagelo se suma el contrabando y la piratería que engrandecen los recursos económicos de poderosas mafias y empobrece al vendedor ambulante y al comerciante legal.
La concejala Bastidas exigió al alcalde local, Mauricio Jaramillo, respuestas a la convocatoria de un plantón de los vecinos de la Zona G, que denuncian la peatonalización del sector, sin consultar a la comunidad y con una inversión que se lleva la mayor parte del presupuesto vial de la localidad.
