El gobierno destinó, en el caso de Bogotá un presupuesto de 278.598 millones de pesos como parte de las ayudas en atención social para 1.707.074 ciudadanos; apoyos pensados para proveer 135 líneas de crédito por 157.075 mil millones de pesos; llegar a 11.628 hogares con mercados por 3.023 millones de pesos; 4.476 millones para 38.257 ayudas humanitarias; 46.365 millones de Ingreso Solidario para 289.780 beneficiarios. Además de 3.276 millones para población migrante de la ciudad; se potenciaron los recursos para Colombia Mayor, Familias y Jóvenes en Acción.
Mientras tanto, la Administración Distrital concentró las ayudas en ‘Bogotá Solidaria en Casa’, que contó con la ayuda del Gobierno y donaciones, para 150.000 familias más en situación de vulnerabilidad y 350 mil en extrema pobreza, pensando solo en el primer período de cuarentena; esto sumado a los demás programas de atención social que tiene la ciudad. El 17 de abril, la Alcaldía anunciaba en medios de comunicación como un enorme logro la cifra de 1.700.000 mercados que habían llegado a manos de los afectados, contrario a eso, la cifra que oficial de BSEC a 29 de abril, es de 74.386 entregas de este tipo. Vale la pena preguntarse: ¿dónde están los 1.700 millones de mercados?, ¿cuáles son las familias beneficiadas?, ¿por qué no se reflejan en el programa Bogotá Solidaria? Las cifras son inexactas.
Y lo que queda demostrado a 40 días de haber comenzado el aislamiento obligatorio en Bogotá, es que la seguridad alimentaria está en riesgo. Por ejemplo, en la actualidad existen 124 comedores comunitarios; 119 a cargo de la Secretaría de Integración Social y cinco bajo la responsabilidad del IDIGER, que antes de la emergencia reportaban como beneficiarias a 33.740 personas. Desde la segunda semana de abril estos sitios de atención a la comunidad fueron cerrados como prevención de contagio del Covid-19 pero el compromiso de sostenimiento alimentario debe mantenerse en la mismas condiciones en que se estaban brindando antes de la pandemia, por ningún motivo se puede reducir o desmejorar el suministro de alimentos así ahora se traduzca en mercados y no en comida caliente.
Aquí tiene que responder la Alcaldía de Bogotá, no por entidades, porque la articulación debe ser completa. Preocupa que las alcaldías locales ya estén generando contratos con la Cruz Roja con el 10% de la Administración y se pretende llegar a 20 mil millones de pesos. Podrían repensar si a cambio de dar mercados, se propende por ayudas monetarias para que las familias puedan, por ejemplo, comprar pañales u otras cosas que pueden necesitar y no están en los apoyos de la Administración, y de paso, evitar la intermediación, la demora y una posible fiesta con los recursos públicos.
De allí, que habitantes de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme, se hayan hecho sentir en protestas visibilizando su situación, porque la entidades responsables de esa gestión como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, el IDIGER y el IPES, a través de diferentes pronunciamientos intentan desviar la atención a algarabía y señalando sin nombres a ediles y concejales, desconociendo la realidad y llevando a los ciudadanos al límite. No olvidemos que en Bogotá hay registro de: 1.767.000 ocupados informales, 53.553 vendedores ambulantes, 349.000 víctimas del conflicto, 352.431 migrantes, 189.177 personas en condición de discapacidad; otros, que ni siquiera son contadas en el Sisbén ni en la encuesta Multipropósito y que esperan esos mercados.
Aquí se requiere la atención inmediata de los órganos de control, de quién vigile y haga seguimiento a los millonarios recursos que por normatividad ya hacían parte de ese programa de comedores comunitarios, de las ayudas adicionales que contempla Bogotá Solidaria en Casa, de la cantidad y calidad de las raciones alimentarias que reciben las familias afectadas, que también se ha dado a conocer no es la más apropiada, en algunos casos, con alimentos perecederos que ya están dañados o en descomposición dentro los paquetes de ayuda. Bogotá tiene hambre, no basta con salir a ofrecer excusas en los medios de comunicación, aquí lo importante son los ciudadanos y a ellos es que hay que llegar con los mercados; están en riesgo familias enteras, niños y adultos mayores que urgen por la atención del gobierno distrital y que han aguardado en confinamiento más de un mes.
Lucía Bastidas Ubaté - Concejal de Bogotá
