Se requiere el máximo castigo de policías que apalearon a jóvenes en El Redentor
Es indignante e inaceptable que miembros de la Policía Nacional violen los derechos humanos de menores adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal como se observa en un video que circuló por redes y que muestra el castigo con golpes e insultos a jóvenes semidesnudos.
Es fundamental que se aplique el máximo castigo a los uniformados vinculados en este hecho que, según la Policía ocurrió el pasado 28 de septiembre, pero que solo ahora gracias a la divulgación del video se puso en conocimiento de la opinión pública.
Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo el caso, porque si como la Policía informó en rueda de prensa, el hecho ocurrió el 28 de septiembre pasado, no se explica por qué solo hasta el viernes tuvieron conocimiento de los desmanes y solo el sábado asumieron una investigación interna en la Inspección General, tal como lo informó este lunes el general Ricardo Alarcón, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.
No se puede tolerar que los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad del centro El Redentor, donde ocurrieron los hechos, sean los mismos que golpean con palos a unos jóvenes semidesnudos, que en el video se ven acostados en el suelo y a merced de los golpes e insultos de un policía.
Se nos ha dicho que eran siete los uniformados a cargo de la seguridad del Redentor y que al menos cuatro participaron en este hecho de maltrato. Es fundamental que haya sanciones disciplinarias y penales con todo el rigor, porque no se puede permitir que en lugar de resocializar a menores sometidos al sistema de responsabilidad penal de adolescentes se les castigue a golpes y en estado de indefensión.
Es fundamental que se explique con prontitud lo ocurrido. No basta con separar a los uniformados de sus funciones en el sistema de responsabilidad penal adolescente, hay que aclarar e identificar las acciones individuales y aplicar los castigos respectivos, tanto en la parte disciplinaria como en la penal.
Esta es una labor que deben cumplir la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo. Hechos semejantes no se pueden repetir. Y ya es hora que se nos informa cuál es la situación real que se presenta en el interior de este centro de menores que cada mes tiene una denuncia por intentos de fuga de los menores internados en el lugar.