Esto ratifica la seriedad con la que en la Alcaldía y en el Concejo se asumió la autorización de un cobro de 906.000 millones de pesos para financiar la construcción de 16 obras. Mesas de trabajo entre la Procuraduría y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) permitieron aclarar el tema, y ahora el juez cuenta con una información clave para desestimar la pretensión de los demandantes de que se suspenda el cobro.
La Procuraduría, que había pedido la suspensión del cobro, desestimó riesgos asociados a la ejecución de los distintos proyectos y le aportó al juez un nuevo escrito que contiene los hechos y documentos que facilitarán la toma de decisión.
Este paso es vital para blindar la ejecución de las obras que beneficiarán a 2,5 millones de personas de Usaquén, Suba, Chapinero y Puente Aranda.
Entre las 16 obras financiadas con estos recursos hay ocho proyectos de aceras y ciclorrutas, cuatro obras de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, la reconstrucción de 150 tramos viales en la zona industrial, un centro de la Felicidad. Entre lo más destacado está la reconstrucción de la calle 134 entre carrera 7ª y autopista Norte, de la carrera 15, entre calles 135 y 170 y de la avenida 19 entre calles 134 y 170.
Es importante resaltar que la administración logró demostrar en las mesas de trabajo que se tuvo en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos para asignar el cobro, que cobija a estratos 4, 5 y 6, y que, además, por primera vez da cinco años de plazo para pagar a las personas que consideren que no pueden hacerlo de un solo contado.
Las reuniones también permitieron dejar en claro que 15 de las 16 obras se adjudicarán entre octubre y noviembre de este año, lo que garantiza que los ciudadanos podrán ver el inicio de las obras y la garantía de que se ejecutarán.
Los bogotanos deben saber que el IDU ha garantizado que hay estudios suficientes para garantizar que los dineros sobrados serán suficientes para financiar las obras y que no habrá sobrecostos.
Concejal de Bogotá
