Y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lo acaba de confirmar pues tiene en curso un nuevo proceso sancionatorio por incumplimiento en los plazos de entrega de las obras.
Porque hay que aclarar que no es el único proceso por retrasos en los plazos pactados. En mayo pasado, quedó en firme una sanción de 112 millones de pesos por incumplimiento contra el Consorcio PV Ingeniería.
En ese momento no se cumplió con la entrega de las obras en el tramo comprendido entre las calles 12 y 12C, de la calle 12C a la 12B, en el costado occidental. Ahora, el IDU advierte que el avance en el sector que va entre las calles 13 y 10 debía tener una ejecución del 97 por ciento y va en el 75 por ciento.
Como el mismo IDU lo ha reconocido, ya se han otorgado dos prórrogas y el plazo de entrega de las obras, en ningún caso se ha cumplido. El contrato inicial fue adjudicado por 10 meses, incluidos diseños y obras, que debieron entregarse el 25 de febrero.
En ese momento se aprobó la primera prórroga de cuatro meses que se vencían el 25 de junio, y el contratista volvió a fallar. Entonces se autorizó una nueva prórroga, hasta el 25 de julio. Y resulta que ahora el IDU tiene que iniciar un proceso sancionatorio porque ese plazo tampoco se va a cumplir.
Lo más grave de todo es que las demoras en los plazos de entrega nos van a salir costosas a los bogotanos. En la página del IDU figura que ya se realizó una adición y prórroga por un valor de 2.436'268.007 pesos. Peor aún es el efecto que estos retrasos les están causando a los comerciantes y muy particularmente a los peatones que se ven obligados a transitar por ese sector, debido a que trabajan, estudian o tienen que hacer diligencias en el centro.
A mi oficina del Concejo llegó la denuncia de una profesional de Derechos Humanos, Margarita Palacios, que terminó incapacitada por más de 20 días al sufrir una fractura en uno de sus pies por un elemento contundente que la golpeó cuando transitaba por la zona de las obras, debido a que trabaja en el sector. El mismo director del IDU fue a su casa a ofrecerle disculpas y a ella le reconoció que hay fallas de señalización en las obras.
Quiero llamar la atención como concejal que la peatonalización de la carrera séptima, anunciada con bombos y platillos por el alcalde, no es un proyecto menor. Se trata de una obra crítica pues afecta a uno de los corredores del centro de más tráfico de peatones que no debería estar cerrado de manera prolongada como ha ocurrido en este gobierno, y menos sin adoptar las medidas de seguridad que una obra de esta magnitud demanda.
Esta obra involucra, solo en la primera fase, un presupuesto de 14.451'056.978 de pesos (solo el valor inicial), por las obras civiles, y de 1.446'335.292 por la interventoría que, a propósito, no sabemos bien que papel está cumpliendo. Como concejal me pregunto si está siguiendo con rigurosidad el desarrollo de las obras como para evitar las prórrogas que al final redundarán en sobrecostos para la ciudad. La realidad muestra que no.
Señores de la administración, más responsabilidad y menos improvisación es lo que exigen los ciudadanos. No sirve de nada sancionar a un contratista si, al final, la obra resultará más cara y se demorará más. Hay que prevenir, y eso solo se hace con una planeación responsable de las obras, sus costos, sus imprevistos y sus contingencias. Para esos son los estudios.
