Pero no solo tenemos cinco meses de demora en la entrega de las obras del tramo de la calle 10 a la avenida Jiménez, sino que la obra que comenzó en $ 10.357’818.183 va en $ 14.451.056.978, sin contar el costo de la interventoría.
No convence la explicación de la administración de que las demoras obedecen a que se trata de una zona antigua e histórica y a que los costos adicionales corresponden a obras nuevas no contempladas en el contrato inicial.
¿Para qué son los estudios, sino para identificar las características de la zona que se va a intervenir y el tipo de obras que se va a realizar? ¿Se enteró el IDU que la zona es histórica y que tiene redes antiguas y que podría encontrar reliquias arquitectónicas solo después de firmar el contrato?
Los bogotanos esperamos respuesta a esa pregunta, porque sí es así, y el IDU solo se enteró después de firmar el contrato de la complejidad que tiene la carrera 7ª., que para nadie es un secreto es una zona histórica, sería una nueva muestra de improvisación del gobierno del alcalde Gustavo Petro, que pone a sus funcionarios a actuar a la carrera para cumplir sus deseos, sin pensar en las consecuencias para la ciudad.
Más grave aún es lo que acaba de revelar el director del IDU, y es que el contratista, que demostró solvencia técnica, financiera, legal y administrativa en documentos a la hora de presentarse a la licitación, ya no la tiene. A la hora de ejecutar el contrato “esa solvencia desaparece y el contrato, en su ejecución, empieza a afectarse”, ha dicho el director.
Grave, muy grave, porque eso muestra que algo está fallando en el proceso de selección de los contratistas. El mismo director del IDU William Camargo acaba de informar que “algunos subcontratistas se retiraron y no les entregaron suministro a tiempo porque no había giro oportuno” del contratista. Hay un problema estructural en la obra de la primera fase de la peatonalización de la carrera 7ª. Y eso muestra porque un atraso detrás de otro nos tiene en vilo.
Y mientras tanto, los comerciantes, los peatones, las personas que trabajan el centro, miles y miles de personas que a diario utilizan la carrera 7ª tendrán que soportar de manera indefinida el cierre de la vía, la tierra que invade toda la vía y la inseguridad que se genera en torno a la obra.
Si el contratista muestra unos problemas estructurales financieros, de incumplimiento a los subcontratistas, de demoras en los giros para poder tener los materiales a tiempo, es difícil que el 25 de agosto la ciudad reciba la obra, en cumplimiento de la nueva prórroga que el IDU acaba de concederle.