Dentro de las situaciones de intolerancia y persecución por motivos religiosos se encontraron las agresiones físicas, amenazas contra la vida y la integridad, amenazas de secuestro, burlas por causas de las costumbres alimentarias, vestuario, discriminación por parte de los medios de comunicación, trato discriminatorio contra los niños en el ámbito escolar, etc.
Esta pequeña muestra de 500 líderes refleja una situación real de intolerancia, discriminación y persecución por motivos religiosos en toda la ciudad.
Desafortunadamente en Colombia no solo se persigue, discrimina y asesina por motivos políticos sino también por motivos religiosos. Todavía no hemos asimilado e interiorizado los derechos constitucionales y legales que amparan la libertad de cultos y convicciones, ni la Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1981, ni las diversas resoluciones de la esta magna asamblea que exhortan a los Estados a multiplicar e intensificar las iniciativas encaminadas a promover y proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias y eliminar todas las formas de odio, intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las creencias.
En Colombia también se viene implementando acciones para promover las libertades de religión, de culto y conciencia como el Decreto Nacional 1079 de 2016, que declaró el 04 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos.
La libertad de pensamiento, conciencia y religión, son derechos fundamentales y pilares muy importantes para mantener la unidad de un Estado, la convivencia y progreso de una sociedad. Por eso hay que respetarlos, promoverlos e interiorizarlos en cada uno de los miembros de una sociedad.
Por estos motivos comparto plenamente el proyecto de acuerdo 311 de 2018 que busca institucionalizar la primera semana de julio de cada año como la “Semana Distrital de la Libertad Religiosa”, con el fin de generar un espacio de reflexión, movilización y concientización de la promoción, defensa y protección de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en el Distrito Capital; y en el marco se esta semana que se convoque una Audiencia Pública con el fin de hacer seguimiento a la implementación de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá, adoptada mediante el Decreto Distrital 093 de 2018.
Sobran argumentos jurídicos para apoyar esta iniciativa, que en la exposición de motivos son citados y explicados con precisión y amplitud.
En los comentarios de la Administración a este proyecto de acuerdo, se reconoce la competencia del Concejo para aprobarlo y se expresa que es viable; sin embargo, sugiere suprimir lo de la Audiencia pública por considerar que las decisiones sobre los mecanismos de seguimiento y rendición de informes de la política pública distrital de religión, culto y conciencia, deberá adoptarlas el Comité distrital de libertad religiosa en el marco de lo previsto en el Acuerdo 685 de 2017, argumento que no se puede compartir, pues para avanzar en la transparencia, rendición de cuentas de las ejecutorias de la administración y la participación ciudadana, un mecanismo eficaz son las audiencias públicas, como la que propone el proyecto de acuerdo.
Si hay que determinar que la audiencia pública la convoque el Comité distrital de libertad religiosa, el Concejo lo puede incluir en este proyecto de acuerdo, pues hay que recordar que dicho Comité lo creó esta corporación mediante el Acuerdo 685 de 2017 y lo que estaríamos haciendo al asignarle esta función de convocatoria de la audiencia pública, seria modificarlo, para lo cual, el concejo tiene la competencia.
