La Secretaría de la Mujer cuenta con cinco de estas casas, de las cuales cuatro son para mujeres víctimas de violencia en la familia y una para las afectadas por la violencia del conflicto armado interno. Allí se brinda albergue gratuito a las mujeres por cuatro meses prorrogables por dos más en virtud de una orden de protección.
Sobre el funcionamiento de estos sitios y la ruta de atención que brindan hay quejas que deben ser atendidas.
Hay sedes que cambiaron y la información no está actualizada. Adicional a esto estos puntos de atención aun no tienen línea telefónica.
Los servicios que prestan en general para las mujeres son de asistencia jurídica y psicológica. De manera a adicional se prestan servicios como yoga, actividades físicas empoderamiento y reconocimiento de sus derechos como mujer.
Las actividades que se prestan no son iguales a otras sedes: por ejemplo yoga hay en Santa Fe, pero no en Ciudad Bolívar.
Al momento de preguntar cuál es la ruta de atención se informa que quien identifica el alto riesgo es la comisaria de familia que trabaja articulada con la Secretaria de la Mujer. La comisaría es la que asigna la casa refugio.
La información de las casas refugio no es concreta. En una averiguación en un principio afirmaron que cuando hay menores no pueden ir a estudiar, pero al final señalaron que hay colegios a donde asisten los menores que están en esta condición.
Los servicios los días sábados los presta una sola profesional, ya que se rotan. Por ejemplo, hay casos en que una persona que va un sábado es atendida por una abogada y ocho días después una psicóloga.
No se justifica que el día sábado se atienda de 8 a 12 del mediodía cuando los fines de semana se presentan más hechos de violencia.
Llama la atención que los servicios de esparcimiento o recreación que presta la SDM no es respectivamente para mujeres víctimas de maltrato. Cualquier mujer puede asistir a los talleres.
Por eso cuando digo que hay que reflexionar sobre el papel que cumplen las casas refugio es porque hay muchas situaciones que deben cambiar, y en especial cuando la Secretaría de la Mujer nos reporta que estos lugares viven al tope, a pesar de que el 97 por ciento de las afectadas rechaza esta oferta de protección.
Aun así, del primero de enero al 31 de marzo de este año, por ejemplo, habían ingresado 286 personas con sus esquemas familiares, porque las mujeres llegan con sus hijos y otras personas a su cuidado. En el 2017 ingresaron 1.261 mujeres junto con sus esquemas familiares.
No hay diferencia de edad, a estos refugios han acudido mujeres entre los 18 y los 59 años de edad con hijos y sin hijos e incluso con otras personas a cargo. Llegan violentadas físicamente, pero también afectadas por violencia sicológica, emocional, económica y sexual de sus parejas.
La pregunta que debemos hacernos es: si solo el 3 por ciento de las mujeres en peligro va a estas casas, ¿qué está pasando con las otras afectadas? Y si más mujeres víctimas aceptara ir a un refugio, ¿qué haríamos con ellas?
Porque quiero recordar que el peligro que enfrentan es real. Las cifras oficiales indican que el año pasado el 83,4 por ciento de la violencia física de pareja fue contra las mujeres. La verdad es que no tenemos una oferta para todas y la que existe es rechazada y en esa medida, como ciudad, estamos obligados a encontrar una oferta intermedia para salvaguardar la vida de las mujeres.
Y quiero llamar la atención sobre el manejo que le estamos dando a este asunto de los refugios, porque la Contraloría de Bogotá encontró negligencia en los procesos de contratación y falta de rigor en el manejo de los presupuestos.
La Contraloría en una auditoría habla de “falta de cuidado y controles” la hora de elaborar los presupuestos para las cinco casas en el 2017 y dice que no se ajustaron a los estudios previamente elaborados por la Secretaría de la Mujer.
Eso afectó la contratación. Según la Contraloría se sobrestimó el presupuesto en 103 millones de pesos para cada casa refugio y a la hora de hacer los contratos para la operación de las casas refugio se hizo por más meses de los que faltaban en el momento de la contratación. Faltaban ocho y se hicieron los contratos por nueve.
Y lo grave es que estas decisiones negligentes como las llama la Contraloría no fueron corregidas y están en riesgo los escasos recursos que tiene la ciudad para proteger a las mujeres.
Es por eso que invito a la administración a que miremos este asunto con sumo cuidado. Si realmente no estamos en capacidad de brindar toda la oferta que se necesita, para la magnitud del problema, la Secretaría de la Mujer está fallando en una de sus principales funciones.
Y si las mujeres rechazan esta posibilidad, es urgente encontrar mecanismos intermedios para protegerlas a ellas y a sus hijos.
LUCIA BASTIDAS
CONCEJAL DE BOGOTÁ
