Tenemos que defender a los usuarios de taxis

Los usuarios de los taxis en Bogotá necesitan vocería porque son ellos las víctimas del mal servicio de parte de algunos conductores, como lo demuestran las quejas que a diario se reciben en la Secretaría de Movilidad

Todos los problemas de la ciudad tienen dos caras de la moneda y en el de los taxistas la otra cada es la del usuario, de quien quiero asumir la vocería porque rara vez nos detenemos a revisar lo que les pasa cuando toman un servicio.

Lo menciono a propósito de los debates que ha generado el proyecto de taxi inteligente que ha tratado de poner en marcha el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa y que no ha podido llegar al cien por ciento porque muchas personas se oponen a que haya controles y transparencia en la información.

Hay un promedio de siete quejas diarias contra los taxistas y los temas que más denuncian los ciudadanos son los taxímetros adulterados y la conducción peligrosa.

No son todos los conductores de taxi, pero hay reclamos ciudadanos, que reportan situaciones de adulteración de los taxímetros, por ejemplo. En el 2016 se presentaron 1.228, en el 2017 fueron 785, en el 2018 otros 2.413 y este año van 1.533.

Es cierto que los taxistas tienen reclamaciones, pero hay compromisos para mejorar desde todos los actores los usuarios, el gobierno y los mismos taxistas.

Es eso se trata el programa de taxi inteligente, que busca seguridad para el taxista y el pasajero, información en tiempo real para todos, que el usuario sepa al tomar un servicio cuánto le costará la carrera, quién es el conductor que lo transporta, y de paso que la secretaría de Movilidad disponga de la misma información para ejercer su función de vigilancia y control.

Es importante que entendamos que modernizar el servicio es una necesidad así les moleste a algunos representantes de los taxistas. Y hay que hacerlo para evitar situaciones como las burlas de algunos dirigentes hacia los usuarios engañados con taxímetros adulterados.

Es evidente que cuando no hay autorregulación, en el caso de los taxistas no la hay, la institucionalidad tiene que entrar a mediar por los usuarios, por los clientes, por las personas que usan el servicio en la ciudad.

Nadie puede negar que conocer el valor de la tarifa al subirse al taxi, saber quién es el conductor y que está registrado le da unas garantías mínimas de calidad del servicio.

LUCÍA BASTIDAS

CONCEJAL

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