Un fallo de tutela del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le dio al Inpec 30 días de plazo para que tome medidas urgentes para descongestionar las URI de la ciudad, esto con el fin de que las personas que ya fueron cobijadas con medidas de aseguramiento o condenadas sean trasladadas a los diferentes centros penitenciarios.
No hay derecho a que se tenga que resolver con un fallo judicial un tema administrativo, que deberían resolver de manera conjunta y urgente los gobiernos nacional y distrital, encabezados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que es el responsable de las cárceles del país, y de su buen funcionamiento.
El problema ha llegado a tales extremos en Bogotá, que desde el 2013 se vienen reportando hacimientos hasta del 300 por ciento en las instalaciones URI que no tienen ni cupos ni capacidad para albergar al número tan alto de detenidos, que no deberían permanecer más de 36 horas en estos lugares.
Los casos más dramáticos que hemos encontrado son las URI de Paloquemao, donde han llegado a detener hasta 430 personas en un espacio para 120, con los problemas sanitarios y de salud que ello conlleva, como lo hemos podido constatar en recorridos diurnos y nocturnos que hemos realizado a estas instalaciones de Paloquemao.
No menos grave ha sido el caso de la URI de la Granja en Engativá, donde la Policía ha utilizado el parque como centro de reclusión a la intemperie, e incluso ha esposado los detenidos a los árboles, pues tres CAI móviles y un camión no han dado abasto para tener a los reclusos. En esta URI hay cupo para 48 personas y han llegado a tener más de 110, que se ven obligados a dormir uno sobre otro y en el piso, en condiciones realmente infrahumanas, con olores insoportables para los detenidos y para los vecinos.
La misma Veeduría confirmó que en la UPJ y en las URI, que en total solo tienen cupos para 355 personas, se ha llegado a tener a más de 691 detenidos.
El problema de fondo es que el fallo de tutela que acaba de expedirse no soluciona el problema estructural carcelario, y es que los centros de reclusión de la capital están hacinados, con problemas sanitarios y sin la perspectiva de tener cupos para recibir a nuevos detenidos condenados o cobijados con medidas de aseguramiento.
Como concejal de Bogotá me pregunto: ¿Cómo va entonces el Inpec a cumplir la orden en 30 días? No parece realista creer que porque hay un fallo de tutela el tema se va a solucionar, menos aún cuando hay una falta de recursos y de voluntad política para enfrentar un problema que lleva muchos años sometido a pañitos de agua tibia y convertido en una bomba de tiempo.
Como dice el fallo de tutela, según la ley, los detenidos no se deben demorar más de tres días en las URI, sin embargo actualmente hay detenidos que llevan meses en esos lugares donde no hay condiciones sanitarias para mantenerlos.
Mucho me temo que este fallo, bien intencionado, justo y consecuente con la realidad de los detenidos y el trabajo de la Policía, se quedará en el papel como tantos otros de la justicia colombiana.
Todo indica que estamos, lejos, muy lejos, de que el gobierno asuma que el tema del hacinamiento carcelario es de prioridad máxima porque involucra la violación extrema de los derechos humanos de los detenidos.
