Un golpe en Contra de la Ingeniería

Alertada por el fallo de la honorable Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena de cinco años de cárcel al ingeniero Andrés Camargo por fallas técnicas en lozas del sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) advierte a las autoridades, a los administradores de justicia y a la sociedad en general sobre los riesgos que significa al país la penalización de las decisiones técnicas y las consecuencias en negativo que acarrean este tipo de sentencias desproporcionadas y desconocedoras de las dinámicas y los retos de la ingeniería.

La Corte Suprema de Justicia inadmitió tres demandas de casación y dejó en firme el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que significa que un ingeniero deberá permanecer privado de su libertad y alejado de los proyectos que ofrecen desarrollo al país por causa de una determinación netamente técnica, tomada por un comité ídem del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el cual él no participó de forma directa y en el que se atendieron las recomendaciones de las más prestigiosas firmas de diseño, construcción e interventoría.

Este golpe es contra la ingeniería, los ingenieros y contra los que sueñan con una Colombia moderna e incluyente pero, sobre todo, contra la confianza que se debe ofrecer a quienes proyectan invertir o trabajar desde el servicio público como funcionarios, contratistas o interventores.

Ante este tipo de referentes, ningún presupuesto de obra será capaz de cubrir los costos de una condena injusta. Será casi imposible conformar equipos de trabajo de las mejores calidades y calificaciones ante la zozobra de un fallo judicial fundamentado en decisiones técnicas, como el que hoy enciende las alarmas. Consecuencia de ello será que ingenieros y técnicos honestos y de primer nivel se negarán a ofrecer su capacidad y conocimiento al servicio de Colombia.

Cuando asuntos técnicos se resuelven a la luz del Código Penal, sin importar que eventuales fallas no signifiquen lucro alguno para el acusado, se corre el riesgo de sacrificar a la contratación pública. En la ingeniería se pueden y deben valorar riesgos cambiarios, geológicos, jurídicos y hasta políticos, pero ir a la cárcel por causa de una decisión técnica hace inviable cualquier proyecto.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros no pretende desconocer los errores que puedan llegar a cometerse en desarrollo de la actividad, pero sí clama por el equilibrio y la proporcionalidad en las consecuencias que surjan de ellos, evitando que profesionales brillantes se desliguen de una actividad que históricamente ha sostenido el avance de la Nación.

En ese sentido, es necesario que los funcionarios que promuevan proyectos en contra de los principios básicos de la ingeniería sean investigados y sancionados, al igual que los funcionarios de las entidades que adelanten procesos de selección que atenten y dificulten la gestión de los proyectos, abriendo las puertas a la acción de los corruptos. De igual forma, sobre los privados que puedan haber caído o puedan caer en esta cuestionable práctica del "toma y dame". Hacia todos ellos deben abrirse a las investigaciones, procesos disciplinarios, civiles y penales correspondientes.

Es necesario resaltar y aplaudir la paz espiritual que trasmite el ingeniero Camargo cuando relata su calvario. Pese a todo, expresa su confianza en el sistema judicial colombiano, insiste en el acatamiento a sus fallos y relata la forma en que él, su esposa y sus pequeños hijos afrontan la más dura e insospechada prueba de lo que es ejercer el servicio público.

Esta fortaleza solo la puede dar la tranquilidad de conciencia y por ello la ingeniería colombiana se solidariza con él y con toda su familia.