Estos dos casos tienen elementos comunes y similitudes. En primer lugar, las familias fueron negligentes, los abandonaron y maltrataron física y verbalmente. En segundo lugar el ICBF conoció de los casos previamente y tomó decisiones, que no disminuyeron los riesgos para los niños y en tercer lugar, al no existir reales medidas de protección para ellos, se presentaron hechos reincidentes que permitieron la violación de la bebé y el suicidio del menor. En ambos casos, al parecer vecinos y comunidad tuvieron conocimiento, pero nunca denunciaron o alertaron. Por último, las instancias estatales que habrían podido actuar, no lo hicieron ya sea porque no se mantuvo el seguimiento necesario o porque no fueron alertadas. Aquí a estos niños, les falló la sociedad entera.
En menos de un año se han reportado unos 24 mil incidentes de agresión con menores, es decir un promedio diario de 66, dijo la directora general del ICBF Karen Abudinen. La cifra se ha venido incrementando en los últimos dos años. Entre el 1 de enero al 30 de abril se aumentaron en un 23% los delitos sexuales a menores de edad. Solo en 2017 se atendieron 2.199 casos de abuso sexual. Una sociedad que permite un maltrato así de sus niños esta enferma.
Los defensores de familia del ICBF deberían ser los funcionarios estatales más apreciados, respetados y apoyados por el país. Son ellos los que tienen en sus manos las decisiones para garantizar la protección de los derechos de los niños. En estos dos casos; fueron los defensores de familia, luego de hacer una valoración de su situación, los que decidieron reubicarlos, como pasó con la bebé que fue llevada a casa de su abuela y al niño reintegrarlo a su familia, al parecer porque eran los ambientes más propicios para garantizar su protección y reestablecer sus derechos. A pesar de que se hizo seguimiento por un tiempo, los dos casos terminaron en tragedia; una violación y un suicidio. ¿Falló el criterio para valorar a la familia?
En los últimos años varias sentencias han establecido jurisprudencia respecto a las medidas de protección para un niño cuando se le está vulnerando sus derechos. Dichas decisiones privilegian siempre a los padres o a su familia antes de tomar otra medida, como internamiento o adopción. De hecho, una sentencia del Consejo de Estado obliga al ICBF a buscar a los parientes hasta el sexto grado de consanguinidad antes de declarar una medida que permita la adopción del niño por parte de otra familia.
Dichas sentencias han generado que los defensores de familia, para evitarse problemas legales, tomen rápidamente decisiones de devolver a los niños que han sufrido vulneraciones directamente a un pariente cercano. Lo que quedó claro en estos casos es que de todas formas, cuando no se estudian y valoran a fondo las condiciones de riesgo en la misma familia que ha ejercido violencia, las posibilidades de reincidencia siguen. Aquí en los casos de estos niños, sucedió. Volver con su familia, lo que les trajo fue peores consecuencias.
¿Qué hacer para que estos atroces hechos no vuelvan a repetirse?
El énfasis de la política de prevención debe ser promover que los niños que vengan a este mundo sean planeados y deseados. Allí radica una parte muy importante para que los hijos sean apreciados, queridos y protegidos por sus padres.
El país requiere fortalecer a los defensores y comisarios de familia, no solo con mejores equipos de apoyo como sicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas para hacer seguimiento a las decisiones, sino revisar los protocolos para valorar los riesgos en la misma familia a la que se le va a devolver el niño. Deben ser criterios más exigentes.
Todos debemos ser conscientes como padres, como vecinos o cualquier otro papel que ejerzamos; todos somos los guardianes de los niños, no solo de nuestros hijos. A la más mínima señal de que un bebé, un niño o un joven está en riego o siendo maltratado, debemos actuar y denunciar, no solo si son los vecinos, sino también si está sucediendo dentro de la misma familia.
La Fiscalía no puede dejar estos casos en la impunidad, los responsables por acción o por omisión deben pagar. De hecho, hay que seguir impulsando el referendo para definir la cadena perpetua para violadores de niños.
Esta semana la sociedad entera le falló a estos niños, comenzando por sus propias familias, por las entidades del sistema de protección y por los vecinos que no actuaron. Todos al unísono debemos ponernos en pie para clamar justicia pero sobre todo, actuar para proteger lo más preciado que tenemos como ciudad y como país con nuestros niños.
Diego Molano
Concejal de Bogotá
