Urge una reglamentación nacional sobre habitante de calle
Desde mi curul en el Concejo de Bogotá y desde los espacios que brindan las redes sociales y las nuevas plataformas de la información estoy liderando un movimiento ciudadano que logre mover a la Corte Constitucional para ayudarle a la ciudad a superar el problema de habitantes de la calle.
Con ese movimiento busco que la Corte revise la línea jurisprudencial que hoy impide ayudar a rehabilitar sin su consentimiento a estas personas que enfrentan una situación de adicción a sustancias psicoactivas y al alcohol.
No es un problema menor, el último censo del 2011 identificó 9.614 habitantes de calle y no sabemos cuántos más tenemos desde entonces. También mostró que el 90,83 por ciento de esa población consume drogas y alcohol y que el 72,91 por ciento tiene adicción al bazuco, una sustancia altamente nociva.
Pero no es solamente Bogotá: Cali tiene hoy 6000 habitantes segùn los estudios registrados, en Medellín 3.500, en Cartagena se estima hay 1.700 se enfrenta un crecimiento en cifras muy preocupantes
Insisto en que el Estado necesita herramientas legislativas y jurisprudenciales para que se pueda intervenir a esta población sin su consentimiento, en consideración a la incapacidad psicológica y mental que afecta a estas personas por su adicción.
Es una buena noticia la anunciada por el alcalde Enrique Peñalosa en el sentido de que se pasará de 80.000 millones a 162.000 millones la inversión en esta población en los próximos cuatro años. No obstante si queremos que esos recursos tengan impacto real en la solución del problema, el trabajo debe incluir varios frentes.
Mi propuesta es integral, porque además de la Corte, se requiere la intervención urgente del Congreso de la República para que expida una ley en la que se reglamente la rehabilitación voluntaria de los habitantes de la calle y se le permita al Estado intervenirlos en el ánimo de sacarlos de su adicción y permitirles mejorar su calidad de vida.
Desde la Administración Distrital el tratamiento a la población que habita en la calle debe ser integral: lo primero es restablecer la confianza de estas personas en las entidades del Estado para facilitar su acercamiento. Además, su atención debe incluir no solo el tema de salud física y mental, sino su desarrollo humano porque requieren opciones de trabajo y generación de ingresos.
El otro componente de mi propuesta es la corresponsabilidad de los bogotanos. En este sentido propongo la realización de una campaña encaminada a concientizar a los ciudadanos en contra de entregar limosna a los habitantes de la calle.
Esa limosna contribuye a que estas personas se sientan cómodas en su condición de indigencia y no acudan a los centros de atención del Distrito, donde se les puede brindar una reintegración en condiciones de dignidad a la sociedad. Facilitarles dinero y comida los mantiene en la calle.
Estamos en mora de crear una comisión de expertos que, al margen del censo que prometió la administración distrital, realice un diagnóstico y recomendaciones para el tratamiento del fenómeno de habitantes de calle.