El Concejal de la Familia criticó el perverso modelo establecido en el Decreto Ley 1421 de 1993, que faculta al Alcalde para elegir a quien debe desarrollar la función de veedor distrital, porque en la práctica se ha vuelto un “yo te nombro y tú no me vigilas”, una alianza silenciosa que lleva a la pérdida de autonomía, en lugar de realizar un control eficaz de la Administración.
Del mismo modo, el concejal Ramírez Antonio resaltó que la Veeduría, como en el resto del Distrito, privilegia el lujo sobre la austeridad en arriendos, que pasó de gastar $445 millones en 2013, a derrochar en 2018, $1.829 millones, este es un despilfarro de más del 400%, solo por tener la sede en el edificio Elemento ubicado en exclusiva zona de la Capital, al que los ciudadanos no pueden acceder fácilmente.
En el marco de la discusión, Ramírez dijo “el veedor no es el canciller de la ciudad, y no hay derecho a que el dinero de los impuestos sea para subvencionar sus viajes fuera del país a Islas Canarias, Madrid, Barcelona, Washington, New York, Montreal, Buenos Aires, Santiago de Chile, entre otros lugares para realizar labores de intercambio de experiencias, conocimiento y establecer relaciones bilaterales, y de pronto conseguir otro premio para el alcalde por lograr un óptimo índice de transparencia. Además, Torres, un hombre tan preparado, debe actuar según su función pública, o renunciar e irse a la Academia”.
Por todo lo anterior, el cabildante Ramírez señaló que, hasta que el Congreso de la República no modifique el Decreto Ley, un verdadero veedor debe orientar su esfuerzo a que los ciudadanos se apropien, empoderen y ejerzan el control social previo.
MARCO FIDEL RAMÍREZ
Concejal de Bogotá
Liliana Parra
Jefe de Prensa