En debate de control político realizado por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre vendedores informales, la concejal Xinia Navarro hizo una grave denuncia en contra del alcalde local de Kennedy, por una actuación que calificó de arbitraria y de ir en contra de los mandatos legales y constitucionales.
La denuncia se centró en el desalojo de 250 vendedores informales que se ubicaban frente a Plaza de las Américas y Home Sentry, zona que hoy está ocupada por vallas ancladas al piso.
“El 23 de marzo ocurrió algo vergonzoso, un acto arbitrario por parte del alcalde local de Kennedy que prefirió remplazar a personas vulnerables, cuyo sustento familiar depende de la actividad económica en las calles, por vallas que obstaculizan la vía, causan accidentes y contaminan visualmente el espacio”, expresó la cabildante.
Desde ese momento la concejal emprendió un trabajo de investigación sobre la actuación del alcalde local, en el que se encontró que solo 69 de esos trabajadores por cuenta propia habían sido ofertados por el IPES, es decir el operativo de desalojo se realizó sin cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional que es incluir antes a las personas desalojadas en las ofertas productivas que tenga el Distrito.
Pero esta no fue la única norma violada por el alcalde local. Se constató también que ni el Instituto de Desarrollo Urbano ni el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, autorizaron instalar en la zona vallas permanentes.
¿Si no las autorizó ni el IDU ni el DADEP, bajo qué acto administrativo el acalde local justificó esta acción? Cuestionamiento al que el alcalde local respondió que obedece a una alianza público privada entre la alcaldía local y el centro comercial Plaza de las Américas bajo la figura de un acuerdo de corresponsabilidad, figura cuyo sustento jurídico pone en duda la cabildante.
Ante la negativa del alcalde local por responder cuál es el argumento jurídico que fundamenta dicho acuerdo de corresponsabilidad, la concejal Xinia Navarro elevó una acción de tutela en contra del mandatario local.
Al concluir el debate la vicepresidenta del Concejo afirmó que se demostró que la Administración de Enrique Peñalosa no tiene la capacidad logística, ni jurídica ni social para enfrenta un caso tan complejo como el de los vendedores informales.
