Peñalosa decidió imponer un modelo que encarece los costos del sistema en por lo menos $77.000 millones de pesos, según lo señalan los propios estudios contratados para la estructuración de la licitación. Al establecer dos tipos de concesiones, una para el suministro de la flota y otra para su operación, se deberán pagar dos tasas de rentabilidad cuando en la actualidad solo se paga una, lo que aumenta los costos para la ciudad y las ganancias para los operadores. Lo peor es que este modelo lo montó Peñalosa con una gran mentira, pues dijo que era necesario que las empresas que compraran los buses y los pusieran a disposición del sistema debían ser distintas a las que los operaran. Sin embargo, las empresas que se presentaron para suministrar los buses, amarraron también la operación. Los mismos con las mismas, porque además seis de siete de las empresas vienen de operar actualmente Transmilenio” (Ver tabla).
El cabildante reveló además el acta del Consejo de Política Fiscal del 10 de mayo de 2018, según la cual con este modelo y la reestructuración del SITP el déficit acumulado del sistema aumentará en 4 billones de pesos en los próximos 10 años. Esta política ineludiblemente llevará a estrangular las finanzas distritales y el bolsillo de los bogotanos, y además hace más difícil la incorporación de tecnologías limpias. “Al ser más costosa la operación, la licitación impone los buses diésel Euro V, porque al ser una tecnología obsoleta es más barata y garantiza mayores ganancias a los concesionarios, con menores inversiones”, explicó el concejal Sarmiento.
Finalmente, Sarmiento señaló que esta es una licitación que favorece ampliamente a Volvo. El lote del Tunal (422 buses), el más grande con el 30% de la flota, solo tiene dos oferentes, ambos con buses diésel Euro V fabricados por Volvo.
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