Son miles las familias que durante el período de cuarentena y aislamiento preventivo, han resultado afectadas con el incremento exagerado en las facturas de servicios esenciales. Si bien, el hecho de que ahora las personas permanezcan en sus viviendas más tiempo, no implica que en muchos casos, los aumentos en la tarifa en lugar de reflejar un descenso o equilibrio, excedan hasta en un 70% del valor que estaban habituados a cancelar. La situación se agudiza todavía más, cuando en tiempos de pandemia, muchos ciudadanos ni siquiera cuentan con un sustento fijo, otros más se quedaron sin poder trabajar y la gran mayoría no ha recibido un apoyo institucional.
La Administración, anunció el pasado 30 de abril, una serie de alivios en convenio con las empresas de servicios públicos que se verían reflejados en las facturas de abril y mayo, como un apoyo a las familias que habían denunciado estar afectadas en su economía por los altos costos que hacían los operadores. Por el contrario, los bogotanos se han encontrado con más incrementos conforme pasa el tiempo.
En el caso de recibos de energía, en un hogar del barrio María Paz, de estrato 2, el consumo de marzo se facturó por 166.000 y pasó al mes de abril a 220.000, en plena cuarentena, con un alza del 28% que viene siendo continuo y va en aumento mesa mes. O en sectores de la ruralidad como las veredas El Uval o La Requilina donde la factura de energía continua ascendiendo, para los hogares campesinos hasta en un 30% pasando de 107.000 a más de 150.000 durante el aislamiento. Así mismo ocurre con el servicio de gas, por ejemplo en la zona de Bosa Palestina, donde un recibo pasa de 25.000 pesos de consumo promedio a 83.000 en abril, mostrando un incremento de más del 70%.
Estas quejas de los ciudadanos sin duda demuestran que no hay alivio alguno en las tarifas, se trata de facturas que deben cancelar en este periodo de mayo de manera puntual a pesar del aumento, para lograr acceder al descuento del 10% que prometen las empresas. De no poder hacerlo, deberán solicitar el pago diferido de su servicio en cuotas de hasta 36 meses dependiendo del estrato, lo cual, tampoco representa beneficio alguno, pues no se puede tomar como tal, cuando lo diferido se traduce en un valor exagerado, por el cual resultan siendo las empresas y no los usuarios los reales beneficiados.
Ya la personería de Bogotá se había pronunciado sobre esta situación de abusos en las facturas y en el mismo sentido la Procuraduría General de la Nación, debido también al cobro por promedio que estaban realizando los operadores, en locales comerciales que se encuentran cesantes por la cuarentena o en hogares donde el recibo anuncia este procedimiento, sin embargo, se observa que el promedio es superior al de los últimos cinco meses.
Por esta razón y ante una situación que no cesa ni muestra mejora, reitero el llamado a las instancias pertinentes, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Administración Distrital y al gobierno nacional para que se revise el proceso de facturación para los ciudadanos. Y a las empresas operadoras a que evalúen los procedimientos en medio de la emergencia sanitaria y económica que vive el país. El bolsillo de los bogotanos no aguanta más, las condiciones se agravaron para miles de hogares que claman por un cobro justo y dentro del consumo real.
Concejal de Bogotá
