Según la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1232 de 2020, el Concejo de Bogotá tiene 90 días calendario para pronunciarse sobre el proyecto de revisión general de Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la Alcaldesa Mayor a ese Cabildo el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, el Concejal Liberal Germán García Maya, coordinador ponente de esta iniciativa, señala que esta contra reloj es un gran reto para una ciudad que se aproxima a los 9 millones de habitantes y que ha crecido en gran medida a través de la informalidad, pero que además, por ser Capital de la República concentra una buena parte de la oferta institucional del país, así como tiene el aeropuerto el Dorado que es la terminal de carga más grande de Colombia, por la que se movilizan cerca de 700 mil toneladas al año, siendo la más grande de Suramérica de acuerdo con las cifras de la ANI.
El plazo es preocupante, porque básicamente Bogotá tiene el mismo tiempo para discutir el POT que un municipio como Nocaima-Cundinamarca que se acerca a los 7.000 habitantes. El concejal liberal ha resaltado que la capital tiene un área total de 177.598 hectáreas, de las cuales 30.736 son urbanas, 17.045 suburbanas y 129.815 son rurales, por lo que una de las mayores preocupaciones es pensar la ciudad en todos los flancos. Los esquemas de productividad, la vivienda, la regionalización, el transporte, la conectividad, el manejo de residuos y la regularización de los espacios que hoy tiene desarrollados la ciudad, hacen que este gran proyecto tenga variables que deben ser atendidas no sólo por la visión del gobierno de Claudia López, sino también por todos los actores sociales que participan del desarrollo de ella y por supuesto de todos los ciudadanos que a diario reconocen y soportan las problemáticas más sentidas.
Una de las mayores preocupaciones que ha presentado el concejal García es que un POT es una visión de ciudad que deja trazado el actuar no sólo de los urbanizadores sino del comportamiento entero del ésta, por lo que no puede ser una visión basada en ideologías políticas sino en las necesidades de la Bogotá Metropolitana que crece indistintamente de quien se encuentre en el poder durante los años de vigencia de la norma. Ésta, lejos de ser una afirmación simple de acuerdo con el cabildante, debería ser la base de partida para la planeación de una ciudad, pues más allá de quedarse en discursos radicales, la Administración Distrital debe estar en la capacidad de construir un Acuerdo, como bien debe producirse una norma de esta naturaleza y alcance, reconociendo que la ciudad es dinámica y que debe lograr la proyección regional, nacional e internacional propia de las grandes capitales.
Son varias las situaciones que preocupan no sólo a los concejales de Bogotá sino también a los gremios, líderes sociales y comunales, así como a ciudadanos en general, pues en medio de la pandemia que se vive, los espacios de concertación al parecer no lograron recoger expectativas y propuestas que pueden fortalecer a la ciudad. Una de las apuestas que más llama la atención, al menos para los líderes sociales, es que se presenta una propuesta de delineación de 33 Unidades de Planeamiento Local que a la postre deberán ser las nuevas localidades, en reemplazo de las 20 existentes actualmente. La dificultad
que se ve aquí es que esta es una decisión basada en la ley 2116 que fue sancionada el 29 de julio de este año 2021, donde se modifica parcialmente el Estatuto Orgánico de Bogotá y que en efecto dice que el POT debe incluir la delimitación de las nuevas localidades; sin embargo, según el concejal García, del afán no queda sino el cansancio.
Sobre este tema, señala el cabildante del partido Liberal que se está evaluando la forma de cumplir lo dispuesto en la reciente ley, pero sin cerrar la brecha a una revisión más profunda y técnica que permita decidir cuántas localidades necesita realmente Bogotá y cuáles son los criterios técnicos que deben tenerse en cuenta para este nuevo esquema de división político administrativa. Esto lleva implícito una discusión más delicada sobre las inversiones de la ciudad para la focalización de los proyectos sociales, pero también implica el funcionamiento de nuevas estructuras administrativas, la creación y consolidación de más Juntas Administradoras Locales, más alcaldes Locales, entre otras preocupaciones que no pueden ser tomadas a la ligera.
El POT tiene otros elementos también importantes. Por ejemplo, el tema regional que según García, aparece mencionado de manera tangencial en el proyecto pero que no logra desarrollarse para llegar a la materialización de una región productiva y conectada con sistemas de transporte de pasajeros y carga que resulten eficientes. Si bien hoy no es una realidad la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, no puede esperarse a ella para reconocer las realidades y generar las conexiones tanto con los municipios conurbados, como con los que de cualquier forma están relacionados con la capital como los municipios del norte y el occidente, pero también con los que se encuentran tras los cerros orientales como la Calera o Choachí, o los del borde sur y suroriente en conexión hacia el Meta y Soacha, e incluso los municipios que bordean la localidad del Sumapaz, donde por ejemplo, Fusagasugá, Pasca o Cabrera se han convertido en centralidades necesarias para el abastecimiento de servicios para los pobladores de esa parte de Bogotá. Esta región, además de garantizar los flujos necesarios de tránsito de pasajeros o carga, debe garantizar los canales de conexión para lograr el sostenimiento y preservación de los ecosistemas de soporte a la Estructura Ecológica principal de Bogotá, entre otros aspectos que deben ser coordinados, por lo que no puede ser un tema menor.
Otro tema que resalta García Maya es que, de acuerdo con las cifras del DANE, a 2035 la ciudad requiere alrededor de 1.067.925 viviendas, pero el contenido programático del proyecto señala una meta de 589.182, cifra que ha sido analizada por Camacol, ProBogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros. Esto implicaría la expulsión de la oferta de vivienda a los municipios vecinos, que sumado a la falta de proyección metropolitana, terminaría complicando no sólo las relaciones con la región sino colapsando los canales de entrada a la ciudad que a hoy no tiene mayores avances, por lo que no puede pensarse en Regiotram de occidente o del norte como opciones de corto plazo.
De otro lado, la definición de actuaciones urbanas y otros esquemas de desarrollo de ciudad deben incluir el reconocimiento de los clústeres ya existentes y fortalecerlos, así como de otros esquemas productivos que fortalezcan la economía de proyección. Mencionar al aeropuerto el Dorado y sus flujos no es en vano, porque los sistemas comerciales deben estar conectados para superar las economías de escala local y generar flujos y conexiones internacionales que pongan a Bogotá como una ciudad competitiva a nivel global. La tendencia de las ciudades a nivel mundial es el crecimiento en el marco de los mercados y comunicaciones globales, por lo que Bogotá debe superar las visiones internas y de corto
plazo que se fueron consolidando a través de los municipios anexados desde la década de los 70, y hoy debe pensarse como una ciudad compacta que promueva economías de escala regional, nacional e internacional, según indicó el cabildante.
Otro aspecto importante es que el proyecto de la Administración genera preocupaciones en términos de la movilidad. Las expectativas son muy amplias y las realidades muy cortas, por lo que según García hay que encontrar un punto medio que permita la ejecución de las obras necesarias, garantizando las vías que se requieren tanto para los pasajeros como para la carga. Está demostrado que las vías existentes no son adecuadas para los flujos de esta ciudad y por lo mismo se debe pensar en vías de vocación definida que permitan la movilidad de los diferentes actores viales como carga, pasajeros, motociclistas y biciusuarios en armonía, disminuyendo la probabilidad de los siniestros viales.
Para todo esto, más otros temas relevantes, el cabildo Distrital tiene 90 días calendario que terminan el 13 de diciembre, pero de acuerdo con los procedimientos del Concejo, son las ponencias las que deben recoger las modificaciones sugeridas y sobre ellas debatir. La comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene 3 ponentes que esperan recoger las visiones y propuestas de los demás concejales, congresistas, gremios, ciudadanos, líderes, activistas, o académicos, en función de lograr un acuerdo, para lo que tienen hasta el 21 de octubre, es decir, sólo hay 29 días calendario para esta maratónica carrera, indicó el Concejal García.
