Hace unos momentos terminamos el debate de seguridad en el Concejo de Bogotá, nuestra bancada demostró que se están generando fenómenos de violencia, que la percepción ciudadana no es infundada, y que todo esto tiene que ver con la corrupción de la Policía en las localidades, el aumento del crimen organizado en la ciudad y una estrategia de seguridad que no está empoderando a los ciudadanos y a los jóvenes que están pasando por una compleja crisis económica en los barrios de Bogotá.
Hay que decir también que esta estrategia se está alineando hacía un concepto autoritario que incluye patrullaje de la Policía con el Ejército en varias localidades.
Además, es importante resaltar que lo que se está haciendo frente al crimen y los robos de bicicleta no es efectivo como nos lo manifestaron los colectivos de ciclistas, especialmente porque los registros de la alcaldía no son permanentes y no se están estandarizando correctamente en una base de datos.
Reiteramos que la ciudad siguen sin respuestas frente a la masacre 9 de septiembre, frente a las personas torturadas en los CAIS y las responsabilidades políticas de esto. En la respuesta enviada al Concejo de Bogotá, el secretario de Seguridad nos dice que el 9 de septiembre se “salió” de la protesta social, de ese marco y que por lo tanto no aplicaba el decreto 563 que protege la protesta social y que por eso la institución asumió esas acciones operacionales.
Por su parte, la Policía también indica que las decisiones y acciones se tomaron desde el puesto de mando unificado. Algo que demuestra que la gobernanza de seguridad en la ciudad está debilitada por una falta de decisión política de la Alcaldesa Claudia López.
La percepción ciudadana no miente, en realidad Bogotá enfrenta graves problemas de seguridad, y la cortina de humo de estigmatización frente a la población migrante venezolana solo busca ocultar la realidad de seguridad.
Es hora de que la administración no solamente responda por esos problemas, si no que también genere estrategias que empoderen a la ciudadanía en los territorios, para que no nos monten un régimen autoritario para controlar a la población poniendo el riesgo el carácter democrático de Bogotá.
