Las denuncias que fueron dadas a conocer por la concejal Lucía Bastidas se relacionan con el cambio en el funcionamiento de la entidad que afecta algunos servicios, demoras en los pagos a los contratistas y acoso laboral.
“No es la primera vez que denunciamos esta situación que tienen que padecer los contratistas desde el año pasado en Integración Social con la nueva administración. Preocupa que surjan dudas sobre la contratación, el modelo de atención y el trato a los colaboradores al interior de una de las Secretarías que tiene mayores responsabilidades sociales con Bogotá; y la alerta es mayor cuando ante las reiteradas denuncias y alertas que han hecho las víctimas y el Concejo sobre el tema, no hay respuestas”, indicó Bastidas.
La denuncia más recurrente de acuerdo con la concejal tiene que ver con demoras en los pagos hasta por dos meses y tres meses; así mismo, sin embargo una de las que más preocupa es la relacionada con los contratos sin funcionamiento en los hogares de Alta Dependencia, donde se acaban los contratos de tercerización y la Secretaria de Integración Social traslada esta población vulnerable a otros hogares donde no se cuenta con el personal idóneo para su atención; por ejemplo, lugares en los que por no tener enfermeros, son los promotores los que terminan atendiendo a los usuarios, en lugares que no están preparados para recibir a esta población que en su mayoría tiene algún tipo discapacidad.
Por otra parte, cuando se habla de acoso laboral, los contratistas señalan a los coordinadores de los centros de habitante de Calle; aseguran también que los técnicos operativos de los hogares y comunidades de vida (Mártires, Ana María Makiwi, Balcanes Cristian y Cedic Vanessa) maltratan a los promotores con hostigamientos y persecución a la hora de desarrollar las actividades, los amenazan con consecuencias laborales por no portar un overol blanco, del cual, solo han dado uno como dotación desde hace meses, y además descargando varias de sus responsabilidades como técnicos en los promotores de casa.
“Es inaudito que como en algunos caos que hemos conocido, los contratistas padezcan este tipo de tratos incluso sin dotación de implementos para la realización de las labores que contempla su contrato; sin capacitación en formación de proyectos; intimidando continuamente con anotaciones en los informes sin una previa notificación a los promotores, que viven bajo la incertidumbre de lo que pasará con su empleo. ¿Qué opciones hay para ellos más allá de su denuncia que no pueden hacer pública por temor a retaliaciones en la entidad? Por eso, llamo la atención de los organismos de control de la ciudad a que pongan la lupa sobre estas quejas y se protejan los derechos de los contratistas, que cuenten con garantías y se establezcan responsabilidades por el bien de los servicios para los bogotanos”, puntualizó.
