Persiste dificultad para dar cuenta de la situación real de la población con discapacidad en Bogotá

Lunes 15 de febrero de 2021

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En diferentes oportunidades hemos denunciado la problemática que se presenta en el Distrito Capital por cuenta de la ausencia de un mecanismo que permita hacer un registro veraz y oportuno de la Población con Discapacidad (PcD) en la ciudad, problemática que se sigue presentado y que en este momento parece no tener una solución viable, en especial, tras el anuncio de que en la actualidad el proceso de “Inscripción en el Registro para la Localización y Caracterización de las personas con Discapacidad” en Bogotá se encuentra inactivo y no tendrá continuidad.

Según el último reporte del Boletín Poblacional de las Personas con Discapacidad (PcD) realizado por la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, para diciembre de 2019 había en total 1.298.738 Personas con Discapacidad en Colombia identificadas y localizadas. Esta cifra equivale al 2,3% de la población total nacional. Los departamentos con mayor número de PcD la encabeza Bogotá con 18,5%, seguida de Antioquia (13,8%), Huila (5,0%) Santander (4,7%), y Cali (4,2%).

Las anteriores son las cifras reportadas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD. No obstante, por medio de un derecho de petición con fecha del 22 de mayo de 2020, dirigido al Veedor Distrital, los líderes de la Mesa Técnica de la Población con Discapacidad, manifestaron que la pandemia puso de relieve las fallas en la consolidación de cifras sobre la población con discapacidad dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del XXI”, argumentando que en el Plan se tomó como base unos datos lejanos de la realidad.

En este sentido, los líderes afirman que no fueron usados los datos cualitativos del registro de caracterización y que el número de personas sobre el cual la Administración basó la destinación de recursos y estableció los posibles indicadores y futuras metas, estaban distantes de la realidad y no correspondían al principio de equidad en el que se funda el decreto 470 de 2007, constituyendo una flagrante exclusión y discriminatoria acción del Distrito Capital al negar el acceso a por lo menos el 50% de los ciudadanos con discapacidad que tienen derecho a ser incluidos en las actividades, planes, programas, propósitos, metas o proyectos del nuevo contrato social.

Esta problemática no es nueva. En el debate adelantado en el mes de noviembre de 2019 sobre el Sistema Distrital de Discapacidad, denunciamos que se presentaba una incongruencia entre los datos reportados por el Ministerio de Salud y el Sistema Distrital de Discapacidad. Con relación a esto, presentamos los datos con corte a junio de 2019, en los que MinSalud señalaba que en Bogotá habitaban 364.912 PcD, reportando más de cien mil personas de las que se señalan en el informe anual sobre la gestión y los resultados del Sistema Distrital de Discapacidad -2018, en donde fueron registradas 236.238 PcD en la ciudad. Por tal razón, en su momento hicimos un llamado a que se adelantara con urgencia una caracterización de esta población en el Distrito Capital, con el fin de focalizar correctamente los recursos dirigidos para la atención de las necesidades de estas personas.

Esta falta de información plantea serias dificultades a la hora de caracterizar a esta población, caracterización necesaria para el diseño, elaboración e implementación de una agenda política que dé lugar a una Política Pública Distrital de Discapacidad idónea y eficiente, que pueda dar soluciones a las problemáticas que afectan a las PcD.

Ahora bien, resulta alarmante que en la actualidad el proceso de “Inscripción en el Registro para la Localización y Caracterización de las personas con Discapacidad” en la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra inactivo y no tendrá continuidad; de acuerdo con lo definido en el artículo 24 de la Resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad”.

El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) era la única fuente de información oficial y válida sobre las personas con discapacidad en el país. La herramienta, además dar información sobre el número de personas con discapacidad y sus condiciones de vida, buscaba recolectar información veraz y precisa que permitiera generar e implementar planes, programas y proyectos dirigidos a favorecer a esta población y posibilitar su inclusión social a nivel distrital, municipal, departamental y nacional[1].

Sin embargo, con relación al tipo de discapacidad, la información contemplada en este registro no permitía identificar grados ni tipologías de la discapacidad, en consideración a que fue construido abordando la discapacidad desde el enfoque biopsicosocial, en concordancia con la CIF 2001, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 2009) y el Decreto 470 de 2007 de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito.

En concordancia con la problemática expuesta por los líderes de la Mesa Técnica, sugerimos avanzar en el diseño de una metodología de medición y seguimiento que incluya campos sociodemográficos actualizados reconocidos por las instancias institucionales a nivel nacional. Asimismo, sugerimos que se tenga en cuenta la tipología de discapacidad para incluir a las personas en el correspondiente registro.

También recomendamos manejar un concepto de discapacidad basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud para establecer un lenguaje unificado y estandarizado, haciendo énfasis en componentes como las actividades, participación y ambiente, identificando así las barreras y facilitadores que encuentran las personas con discapacidad. Incluir la estructura del sistema de salud, el sistema educativo colombiano y la estructura del sistema laboral. Lo anterior se fundamenta en la concepción de discapacidad como condición relacional que vincula diferentes aspectos y procesos de la condición humana.

El registro de discapacidad debe ser capaz de identificar y localizar a las personas con discapacidad y su ubicación; determinar el origen de la discapacidad y caracterizarla teniendo en cuenta barreras y facilitadores; y conocer el acceso a los servicios de salud, educación y empleo. No es fácil incluir todas estas variables en un instrumento que se espera sea de fácil aplicación y corta duración. Esto ayudará a que las políticas, planes y estrategias sean más consecuentes con la realizad de las personas con discapacidad.

Adicionalmente, las acciones desde la política pública y desde las entidades distritales deben abordar la discapacidad incluyendo respuestas políticas a ambos componentes: persona y ambiente, potenciando los recursos de este colectivo y garantizando un contexto inclusivo. Tenemos la limitante de que no se tiene claridad sobre los mecanismos de la estructura social que producen discapacidad. Por más importancia que se le conceda al ambiente, no se sabe a ciencia cierta su rol específico como factor determinante de discapacidad. La política pública debe necesariamente reconocer todos estos enfoques, pues cada uno enfatiza en una dimensión particular del tema y generar acciones en ese sentido.

Las cifras muestran que para 2019, alrededor del 60,5% (147.954) de las personas con discapacidad, se concentra en los estratos 0, 1, y 2, evidenciando sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza. A nivel de las 20 localidades, se concentran principalmente en tres: Kennedy (13,4%), Bosa (10,1%) y Rafael Uribe (9,1%). Esto indica que se debe generar mayor presencia de la Administración especialmente en estas localidades y con oferta de servicios por parte de las distintas secretarías[2].

Reformulación de la Política Pública de Discapacidad Distrital -PPDD

Finalizando el 2019 denunciamos que el proceso de la reformulación de la Política Publica de Discapacidad del Distrito se encontraba estancado por las fallas que se presentaron en la etapa de evaluación de esta Política. Es así como demostramos que, si bien existía un diagnóstico de la PPDD, no existía evidencia que demostrara que el proceso adelantado se tratase de una evaluación, a no ser que se interprete que no se pudo evaluar la Política porque no se definieron metas, ni indicadores de producto o resultado ni mucho menos de impacto, por lo cual, se recomendó de manera prioritaria efectuar una evaluación integral a partir de la información con la que contaran las instituciones relacionadas con contenidos de PPDD, para poder establecer entre otros, las líneas de base claras y contundentes.

Por tal razón, en el debate que tuvo lugar el pasado 12 de febrero, insistimos en la necesidad de adelantar de manera urgente una evaluación de la PPDD para determinar los resultados, alcances y avances de la misma en cuanto a la atención a la PcD, y de esta manera continuar en la reformulación de la Política de manera oportuna.

A partir de los principales resultados obtenidos en el marco de la gestión del Sistema Distrital de Discapacidad y de la ejecución de la Política Pública de Discapacidad del Distrito durante el primer semestre de 2019, se generan las siguientes recomendaciones[3]:

a)    Reformulación: Ampliar la participación de la comunidad y sociedad civil en el proceso de reformulación de la política pública, con metodologías participativas y territoriales. Se deben designar funciones, recursos y roles de cada una de las instancias del Sistema Distrital.

b)    Accesibilidad: Continuar la articulación del distrito con los territorios incluyendo líneas de acción emanadas por el Sistema Distrital de Discapacidad. Institucionalizar el Foro Distrital de Accesibilidad, asegurando recursos e invitando a actores de diferentes naciones con experiencias exitosas para generar conocimiento, en aras de mejorar la accesibilidad en la ciudad. Vincular a las Empresas Metro, Terminar de Transporte, el IDT, la UAESP, DADEP, IDIGER, UMV, Turistren, Aeropuerto Internacional el Dorado como aliados estratégicos en el objetivo de accesibilidad.

c)    Empleabilidad y productividad: Continuar la asistencia técnica a las entidades distritales y empresas en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Generar más opciones de teletrabajo y otras alternativas pertinentes a las condiciones de vida de esta población. Priorizar la ruta de empleabilidad para personas con discapacidad asegurando la presencia de personales capacitados para atender los distintos tipos de discapacidad. Articular con sector salud para acelerar el proceso de emisión de certificado de discapacidad, pues este documento es hoy una barrera de acceso para el trabajo. Las personas con discapacidad necesitan formación y cualificación.

Concejal Armando Gutiérrez González

Partido Liberal

firma armando

Twitter: @MandyGutierrezG
Instagram: @armandogutierrezg
Contacto de prensa: Diego Javier Mayorga Patiño, 3168251013


[1] Camargo, M., & Dueñas, B. (2017). Propuesta para ajustar el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Revista de la Facultad de Medicina, 65(2), 283-290. https://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n2.57549

[2] Consejo Distrital de Discapacidad y Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad (2019). Informe Anual de Gestión y de Resultados del Sistema Distrital de Discapacidad Vigencia 2019. Recuperado de http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/informe_sistema_distrital_de_discapacidad_2019_-_final_dic_0.pdf

[3] Consejo Distrital de Discapacidad y Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad (2019). Informe Anual de Gestión y de Resultados del Sistema Distrital de Discapacidad Vigencia 2019. Recuperado de http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/informe_sistema_distrital_de_discapacidad_2019_-_final_dic_0.pdf

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