Así lo determinó el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá que tuteló los derechos del concejal Diego Cancino, frente a la negativa de la Policía Metropolitana de Bogotá de allegar información que permitiría hacer control político e investigar la impunidad de la violencia policial durante el Paro de 2021.
“Negar información de manera intencionada es una práctica autoritaria que no garantiza transparencia, no profundiza la democracia y sí intensifica la impunidad. La policía (…) nos negó información sobre lo que pasó en el Paro Nacional, nos dijo que no era competencia nuestra (…)”, dijo el concejal Cancino frente al fallo a su favor de este 23 de mayo de 2022.
Cancino indicó que la petición fue radicada el 16 de marzo y, en 16 preguntas, se solicitó información sobre (i) el nombre y cargo de los comandantes de los CAI y Estaciones de Policía de los lugares donde más se denunciaron casos de violencia policial; (ii) información sobre las intervenciones del ESMAD; (iii) la línea de mando durante el desarrollo del Paro de 2021; (iv) y las medidas para evitar la repetición de las retenciones y torturas al interior del Portal Américas de TransMilenio; entre otras.
Ante una negativa de respuesta, alegando cuestiones de forma, y una reiteración del concejal Cancino, la Policía Metropolitana aseguró que “al Concejo le está prohibido inmiscuirse en asuntos de otras autoridades”.
En su fallo de tutela, el Juez Sexto Penal aseguró que: “En ese sentido, se le haya razón al señor DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTÍNEZ, como quiera que no es de recibo el argumento esbozado por el representante de la Policía Metropolitana, pues el Concejo tiene como una de sus funciones ejercer el control político, si bien se dice que es sobre la administración municipal, también es un derecho en cabeza de todos los ciudadanos, en virtud del artículo 40 de la Constitución, que no puede ser limitado por la investidura de concejal y las funciones propias de los Concejos.”
“Es así, que la información solicitada por el actor respecto a las actuaciones policiales en el margen de las protestas ciudadanas, en las fechas indicadas tienen el carácter de público, y en principio nada argumentó la accionada para negar esa información con un criterio que carece de fundamento, pues dicha información no se encuentra sometida a reserva legal, constitucional o motivos de seguridad nacional, o que eventualmente puede ser aportada para una investigación de carácter penal, administrativa o disciplinaria, por ello no pierde tal naturaleza, máxime cuando se trata de hechos acaecidos en la ciudad de Bogotá y no en una zona que pueda considerarse con graves problemas de orden público, por lo que es procedente la tutela para la protección del derecho a la información pública.”
Esta información, que por orden judicial deberá entregarse en 48 horas, permitirá seguir investigando qué sucedió en los portales e instalaciones de TransMilenio y conocer quién dio la orden de usar el sistema de transporte público como un centro de detenciones y tortura.
“Esta tutela que ganamos es un gesto democrático. Es por eso que necesitamos una reforma popular a la policía para que la información sea transparente y para que la policía sea democrática y trabaje por la vida”, señaló el concejal Cancino al celebrar el fallo a su favor.
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