A través de audios, que fueron aportados por la propia comunidad, se pudo establecer que los supuestos delincuentes, entre quienes estarían líderes políticos locales, manifiestan que cuentan con todas las herramientas técnico-jurídicas para solucionar los inconvenientes con el uso del suelo, levantar el sello a un establecimiento en caso que se haga efectivo el cierre y tienen los contactos en las diferentes entidades para que esto sea posible.
En los audios se solicitan hasta $6.500.000 por frenar, por el término de un año, el cierre de los establecimientos comerciales por parte de la inspección de policía y hasta $18.000.000 porque se cambie el uso de suelo en la revisión de la formulación actual del POT. Según los audios, estos valores son por predio involucrado.
“Se está infundiendo terror a la ciudadanía sobre el uso del suelo en el Distrito Capital. El hecho es un acto de corrupción y de manejo irregulares para acomodar la situación de acuerdo con los intereses particulares, se presenta en la localidad de Usaquén pero hay otras zonas de la ciudad involucradas”, asegura el Concejal.
El Cabildante de Cambio Radical anunció que es su obligación evidenciar este “carrusel” e instauró ante la Fiscalía y la Procuraduría las denuncias correspondientes.
“Es imprescindible hacer una investigación exhaustiva acerca de esta problemática y orientar a la comunidad sobre los procedimientos de cierre de establecimientos comerciales de acuerdo con el Código Nacional de Policía”, puntualizó el concejal, quien también considera que la Administración Distrital se ha quedado corta en la socialización que realiza en las localidades antes de que el Proyecto del nuevo POT llegue a discusión en el Concejo de Bogotá.
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