Mejores condiciones para la generación de ingresos, una mejor seguridad para todos los ciudadanos, lucha contra la corrupción y la disputa por un modelo de ciudad compacta y no segregada a través del ajuste al POT, fueron los temas centrales de mi gestión con el apoyo de mi equipo, en el Concejo de la ciudad durante el 2009.
Lograr una gestión exitosa en el Concejo de Bogotá es bastante difícil, ya que las atribuciones de esta corporación son bastante limitadas de cara a los graves problemas que aquejan a la ciudad, sin embargo, en el 2009 le cumplimos a la ciudad presentando 14 proyectos de acuerdo y 29 proposiciones de control político, orientados por las prioridades ciudadanas establecidas en la encuesta de Bogotá Cómo Vamos para el seguimiento del Concejo en el 2008-2011, además de los múltiples comunicados que intentaban expresar la voz de todas las personas de nuestra ciudad.
Como lo prometimos en nuestra campaña y como registran las prioridades ciudadanas, le apostamos a la construcción de herramientas para que la Adminstración Distrital mejore la generación de ingresos de los bogotanos y bogotanas. Fue aprobado por el Concejo de la ciudad el Proyecto de Acuerdo que permite diseñar una política de microcrédito y financiamiento de la microempresa en Bogotá, el cual le dará un fuerte impulso al proyecto de Banca Capital impulsado por el gobierno de turno; adicionalmente presentamos otro Proyecto de Acuerdo para establecer buses turísticos buscando consolidar esta actividad, que según los estudios económicos, tiene un alto impacto en los ingresos de una porción de los habitantes de la ciudad.
Desde el control político también defendimos el bolsillo de los y las bogotanas, al oponernos a incremento de la tarifa del servicio de alcantarillado con el fin de financiar la ineficiente PTAR Salitre, la cual como venimos denunciando es una vena rota en la finanzas de la ciudad, en tanto que durante ocho años de operación se han invertido $99.280 millones en químicos que más que resolver el problema de descontaminación del Río Bogotá lo han agravado. Adicionalmente, fuimos vigilantes del cierre financiero de la Planta de Tratamiento Canoas, con el fin de que los costos de construcción y funcionamiento establecidos no generaran incrementos en la tarifa de alcantarillado de la ciudad. Así mismo, participamos activamente en el diseño del Sistema Integrado de Transporte y la definición de la fórmula tarifaria, la cual impactará de forma directa la economía familiar, tratando de garantizar más allá de la sostenibilidad financiera, la voluntad política para que se provean los recursos distritales y subsidiar el funcionamiento del mismo.
La lucha contra la corrupción ha sido otro de nuestros frentes, teniendo resultados importantes, ya que denunciamos irregularidades en el diseño de licitaciones de gran trascendencia como la que se propone entregar el manejo del servicio público domiciliario de aseo y las concesiones de la recolección, barrido y limpieza en la ciudad. Dichas denuncias fueron corroboradas por el diario El Espectador, lo que llevó a la renuncia de la entonces directora de la UAESP, la señora Victoria Virviescas. Así mismo, fuimos y seguimos vigilantes de la licitación del Interceptor Tunjuelo Canoas y de la administración del Relleno Doña Juana, esperando que responda a los criterios técnicos establecidos y a reglas de juego transparentes que no generen sobre costos en la ejecución de estas mega obras, los cuales terminan trasladándose al bolsillo de los ciudadanos. En esta misma dirección, denunciamos el Acuerdo de Entendimiento entre las empresas mineras de la ciudad y el Gobierno Distrital, acuerdo que además de no consultar los intereses de la comunidad, mostraba en sus términos pocos beneficios para las finanzas del Distrito.
El otro problema que concentró parte de nuestros esfuerzos fue la seguridad de la ciudad y el respeto por los derechos de los ciudadanos, especialmente la de los jóvenes, las mujeres, la población en condiciones de discapacidad y los adultos mayores. Para ello hicimos público mediante una investigación en campo, la gravedad del problema de los panfletos amenazantes a nuestros jóvenes y pusimos en alerta a la Administración del impacto que está teniendo el deterioro de la política de Seguridad Democrática en la ciudad, al manifestarse el rearme de grupos paramilitares producto del fracaso del proceso de reinserción dirigido por el Gobierno Nacional. Para ello solicitamos a la administración no esconder el problema, sino al contrario, estudiarlo y combatirlo con los instrumentos que hoy tiene la ciudad en materia de seguridad ciudadana, la cual, más allá de una política gubernamental, es una política de Estado, que durante más de cuatro gobiernos ha tenido éxito al respecto.
En cuanto a las mujeres, quisimos poner en evidencia la continua y estructural violencia contra ellas, la cual, a pesar de contar con instrumentos gubernamentales para su disminución, sigue en aumento, en tanto obedece al campo de la cultura. Por ello, trabajamos en la generación de hechos simbólicos que exijan de los hombres y las propias mujeres un mayor compromiso individual con esta lucha, razón por la cual me vinculé y propuse que el Concejo se vinculara como institución a la campaña mundial de hombres que luchan por la no violencia contra las mujeres. A su vez hicimos el foro “No escondamos la Violencia contra las mujeres” y solicitamos al Gobierno Distrital, sostener en el presupuesto del 2010, los recursos necesarios para el adecuando funcionamiento del Programa de Casas Refugio y Las Casa de Igualdad para las mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, para la población en condiciones de discapacidad visual y los adultos mayores, se aprobó el Acuerdo Distrital No. 413 de mi autoría, para la instalación de dispositivos sonoros en la red semafórica de la ciudad, garantizando así su seguridad y una mayor dignificación de su condición física. Así demostramos que la seguridad más que fuerza pública, se centra en ofrecer condiciones para el goce de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.
El ordenamiento de la ciudad fue otro de los temas que nos ocuparon, ya que de él depende que se garantice la preservación de los recursos naturales con los que cuenta la ciudad como humedales, cuencas hidrográficas y a su vez, que el ordenamiento del suelo responda a las necesidades socioeconómicas de sus habitantes. Por ello seguimos presionando a la Alcaldía para que haga una reforma del Plan de Ordenamiento Territorial acorde con los principios de densificación de la ciudad, con el fin de beneficiar la economía de las familias bogotanas, y disminuir la segregación socio-espacial, la cual contribuiría a una mayor integración social de todos y todas. Por tanto hemos velado porque los instrumentos como los Planes Zonales –POZ-, los Planes Parciales y las UPZ sean coherentes con dichas condiciones. De esta forma, denunciamos la aprobación de licencias urbanísticas en el norte de Bogotá, sin que se haya inspeccionado el POZ Norte, el cual debe respetar las cuotas mínimas (40 viviendas por hectárea) de expansión urbanística de tal forma que no se afecten la vida de los humedales. Igualmente, hemos alertado sobre la forma como se están aprobando Planes Parciales como el de San Martín, el cual da cuenta de un beneficio a favor de privados; o la forma como se aprobó la UPZ de la Candelaria la cual no responde a los criterios socioeconómicos de uso del suelo, afectando hoy a los pequeños comerciantes del sector.
Muchas otras cosas se nos quedan en el tintero, sin embargo, creemos que más ingresos, más transparencia en la gestión de lo público, más seguridad con visión de derechos, o humana como afirma el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, y contar con un modelo de ciudad que haga posible espacialmente el goce de los derechos, es un aporte importante que le hacemos a todos y todas para este 2009.
¡Muchas gracias por su apoyo!
Consulte aquí el informe de gestión del 2do semestre de 2009
