Usuarios y conductores son los paganinis del servicio de taxis en la capital

En la ciudad estarían circulando 1.655 taxis sin tarjeta de operación vigente debido a la inoperancia y la incapacidad de las autoridades para regular este servicio, que al año mueve 2.5 billones de pesos.

La Secretaría de Movilidad del Distrito, autoridad que ha sido incapaz de poner en cintura la regulación del servicio de taxis en la capital, así como de proteger tanto a los usuarios como a los taxistas, maneja dos cifras diferentes frente al censo de taxis que circulan en Bogotá, lo que pone al descubierto presuntas irregularidades tanto en la regulación de los cupos como en las tarjetas de operación.

Según la entidad, hay 51.544 taxis circulando por la ciudad. Sin embargo, la misma Secretaría asegura que sólo hay 49.889 taxis activos. Es decir, que la diferencia, 1.655 taxis, estarían circulando de manera ilegal, al no contar con una tarjeta de operación vigente.

 

Sumado a esto, la ley establece que desde el año 1993 se congeló el número de cupos de taxis para la capital en 36.000. Sin embargo, desde el año 2006 se ha venido presentando un incremento en el número de cupos que a 2015 llega al 42%. Es decir, que hoy Bogotá tiene una sobre oferta de 15.544 taxis, poniendo en evidencia la incapacidad de la Administración Distrital de regular el mercado de operación de los taxis en la ciudad. Situación que termina por beneficiar económicamente a las empresas afiliadoras, e intermediarios, y afectando el bolsillo del taxista y por ende, la calidad de un servicio que hoy va en decadencia y que necesita modernizarse vía regulación.

 

La realidad actual de los conductores de taxis en Bogotá es precaria por cuenta de los intermediarios y de la competencia desleal que se ha agudizado en los últimos años, gracias a la entrada en operación de plataformas tecnológicas y, en el último año, por el servicio de transporte especial Uber que funcionan sin una regulación  debido a la inoperancia de las autoridades nacionales, como el Ministerio de Transporte y de las Telecomunicaciones, y a la incapacidad de las autoridades distritales para tomar acciones al respecto.

 

Mientras las empresas afiliadoras de taxis amarillos en la última década han amasado más de 800 mil millones de pesos gracias a que se valorizó el cupo que pasó de 14 millones a 100 millones por taxi y a la falta de leyes claras. La calidad de vida de los conductores de taxis ha venido empeorando así como el servicio. Las condiciones bajo las cuales trabaja un taxista son indignas. El producido diario es de 180 mil pesos, luego de 13 horas de trabajo y de recorrer en promedio 255km (distancia entre Bogotá y Armenia) entre trancones y el estrés de una ciudad con problemas de movilidad; pero a su bolsillo sólo llegan 51.000 pesos al final de la jornada.

 

A esto hay que sumarle que esos ingresos han venido disminuyendo desde que entró en operación el servicio de Uber y Uber X, que compite de manera desleal con los taxis amarillos debido a la falta de regulación, especialmente en las tarifas, por parte de las autoridades, que como en el caso de la Secretaria de Movilidad se lavan las manos asegurando que la responsabilidad es del Ministerio de Transporte, entidad que lleva un año sin dar soluciones claras que protejan al taxista tradicional.

 

En este sentido, es urgente que las autoridades tomen decisiones de fondo y diseñen una nueva regulación para el servicio de taxis en la capital que proteja los derechos de los usuarios y conductores y no se privilegie más a grupos poderosos que han hecho del taxismo en el país un oligopolio.

 

 

 

 

 

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