¿A dónde irán los muertos? ¿a dónde irán?

¿Sabía usted que si hoy fallece un familiar o un ser querido no tendrá en donde darle sepultura porque los cementerios públicos de Bogotá están cerrados? Llevo 11 meses denunciando que la ciudad está en riesgo de una crisis por la suspensión de este servicio.

Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionario que tiene el contrato de la operación de los cuatro cementerios distritales  ha tenido: incumplimientos, malos manejos de la fiducia y deficiencias en los servicios que han dejado como resultado la imposición de tres sanciones que suman $2.485 millones, anunció el pasado 26 de septiembre que gracias a la Resolución 715 de 2023, que generaría una posible cuarta multa que los inhabilitaría para seguir con el contrato,  cesarán las actividades.

Insistí en reiteradas ocasiones que la institucionalidad tiene la obligación de articular a las diferentes entidades lideradas por la UAESP para establecer un plan de contingencia para que no estuvieran en riesgo los servicios de inhumación, exhumación, cremación y mantenimiento, que hasta ayer realizaron 140 trabajadores. Desafortunadamente el director de la entidad subestimó la situación y hoy empieza una crisis sin precedentes.

Recordemos que el contrato de concesión se firmó el 13 de mayo de 2021 por $41.301 millones por 5 años y entró en vigencia el 1 de julio de 2021, mientras que la interventoría inició a finales del mes de agosto de 2021 por un valor de $6.891 millones, casi dos meses después del inicio del contrato de concesión.

A pesar que la UAESP indicó que la ciudad no afrontará emergencia sanitaria debido a que planean contratar con otros privados a través de urgencia manifiesta, modalidad que se usa cuando una entidad pública es negligente. Este proceso debe ser informado para evitar improvisaciones y dificultades para los ciudadanos que requieren de los servicios funerarios y los subsidios que otorga la UAESP.

Hago un llamado a que se active un protocolo de contingencia inmediatamente que articule institucionalmente a la UAESP, Secretaría de Salud, Aguas de Bogotá. También le pido a la Personería, Contraloría Distrital y Fiscalía General de la Nación que le cuenten a los bogotanos la verdad sobre los presuntos hechos de corrupción. Hoy pierden los más vulnerables quienes no tienen en donde enterrar a sus muertos.

Pie de página Lucía Bastidas

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