la concejal de Bogotá Lucía Bastidas radicó una acción popular ante los juzgados civiles del circuito, con el fin de atender el llamado de los residentes de las principales localidades afectadas por los bloqueos y el vandalismo del Paro Nacional en Bogotá y buscando que les sean garantizados sus derechos fundamentales y colectivos.
La iniciativa, que se fundamenta en el artículo 88 superior que describe la acción popular para la protección de derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros, pretende cobijar a los habitantes de las zonas más cercanas a los disturbios que se generan en las manifestaciones, como los comerciantes y vecinos de los portales de Suba, Usme y Américas en Kennedy y sus alrededores, para que se mitiguen las afectaciones que han enfrentado por más de 40 días.
Para la concejal: “Estos excesos en el derecho a la protesta, han puesto en grave riesgo la salud de la ciudadanía, pues la limitación al paso de ambulancias implica, per se, que algún ciudadano requiere un servicio médico por emergencia no la tenga. El ejercicio de estas manifestaciones afecta la sana convivencia, generado vandalismo contra bienes públicos, bloqueos y destrucción del sistema de transporte público, que además de generar un inmenso detrimento patrimonial, limita a los ciudadanos en su movilidad, y se causa también impacto en su salud mental porque permanecen bajo incertidumbre, temor, angustia, ansiedad y depresión por no poder llevar su vida normal o ser víctima de algún hecho violento. En los bloqueos en vías principales se atacan vehículos, y en vías residenciales se cobran peajes bajo intimidaciones; hay aumento de la delincuencia y venta y consumo de estupefacientes en parques y calles aledañas a sus viviendas o negocios”.
Según señaló Bastidas, no es posible aceptar la violencia generalizada como el común denominador de la protesta y en la cotidianidad de quienes deciden no hacer parte de las concentraciones; y que además es un deber del Estado garantizar los derechos de todos los ciudadanos en su territorio y entonces resulta oportuno exigir a quienes convocan el Paro, que rechacen, limiten y sancionen la violencia inmersa en sus manifestaciones.
“Si bien es cierto existe multiplicidad de personas que participan de estas protestas, es menester que los diferentes líderes, agremiaciones y manifestantes en general, y los integrantes del comité del paro que acá se han identificado, promuevan el respeto al libre tránsito de este tipo de vehículos, por lo cual, se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del “comité del paro” y a las diferentes organizaciones ciudadanas y personas en general, que en medio de su derecho a manifestarse no pueda impedir el paso de vehículos y personal que tenga relación con el servicio médico, el de insumos médicos, alimentos, combustibles y en general cualquier insumo o persona que incida en salvaguardar la salud, la seguridad alimentaria, la salud o cualquiera relacionado con un derecho fundamental o conexo al mismo”, cita la acción popular promovida por la cabildante del partido Alianza Verde.
La petición de Bastidas aclara que es necesaria la coexistencia del derecho a la manifestación con los demás derechos fundamentales y colectivos de la ciudadanía para que se dé un marco de conciliación, y por eso argumenta en la acción popular también la responsabilidad que por ende tiene el Comité del Paro en los bloqueos que son parte fundamental del problema.
“Se accionó en contra de las cabezas visibles de los manifestantes, quienes han tomado la vocería e incluso estuvieron “negociando” con el gobierno nacional para llegar a acuerdos y desbloquear las vías. Es importante aclarar que conocemos que los accionados no son los únicos que directamente están realizando los bloqueos y las afectaciones generales del Paro Nacional, pero es irrefutable la directa representación de gran parte de los actores y manifestantes. Así como lo reconoció el señor Nelson Alarcón, representante de FECODE, cuando corrigió que no se llaman bloqueos sino “puntos de resistencia”, por lo que es innegable el apoyo que se puede modular judicialmente; tanta es la incidencia sobre el comportamiento de los manifestantes, que el comité del paro “ordenó” levantar gradualmente los bloqueos y daba informes diarios de cuántos se iban disolviendo, es decir, que es innegable su incidencia directa en las actuaciones de los manifestantes”, indicó Bastidas
La concejal concluye en el documento que: “No se pretende que la orden judicial sea que el Comité del Paro garantice esos derechos, sino que, condenen y hagan un llamado público a cesar los actos de vandalismo, a que no se afecte el patrimonio público y de los ciudadanos, que no se afecte a los ciudadanos que dependen de llegar a sus lugares de trabajo, a que no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria, por lo que habiéndose demostrado la capacidad de incidir en las amenazas de los derechos fundamentales, no es posible que eludan la responsabilidad de solicitar a sus gremios, habida cuenta su incidencia en los manifestantes, para que no bloqueen ambulancias y oxígeno hospitalario, entre otros, siendo en este momento los que tienen la posición de garante para evitar una amenaza que afectaría gravemente la vida de los pacientes de COVID-19 y demás afectaciones públicamente conocidas”.
