22 meses lleva la situación de emergencia en el sector de la Calle 17 A # 57-30, donde se concentran problemáticas de inseguridad, ocupación del espacio público, basuras, y sobre todo, falta de atención social a familias vulnerables. Los vecinos del sector aseguran que la situación es insostenible y reclaman de la Administración acciones contundentes para subsanar la crisis que se ha mantenido por tanto tiempo.
Se trata del lote, propiedad de la Universidad de Cundinamarca, que fue invadido en plena pandemia, en abril de 2020, por más de 500 personas, de poblaciones vulnerables, y que hace unos meses fue desalojado por los propietarios del terreno, llevando a que desde ese momento vivan en las calles y andenes de los alrededores sin que el Distrito haga algo por ellos y los habitantes de la zona.
Desde que se presentó la ocupación ilegal, han sido constantes los llamados que he realizado a las entidades encargadas: Secretaría de Integración Social, UAESP, Secretaría de Seguridad, el Dadep, para que hagan presencia en la zona para que recuperen el espacio público, para que se entregue la oferta social a esas personas, que en su mayoría son mujeres, niños, niñas y adultos mayores. Así como el acompañamiento a los residentes y comerciantes que desde el primer momento resultaron afectados y pidieron la presencia institucional, hasta ahora sin respuesta.
Hace unas semanas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, asegura que ha venido realizando actividades de recolección de residuos, “dispuestos de manera clandestina en el eje vial en ese sector de Puente Aranda, que son realizados en el marco de la adición N° 16 del contrato 284 de 2018, suscrito con el prestador de aseo LIME S.A. E.S.P. y la recolección de los residuos de demolición y construcción – RCD y de residuos voluminosos de origen clandestinos y demás residuos evidenciados en este punto crítico, son recogidos por Lime S.A. E.S.P… Recogidos en las frecuencias establecidas dentro del reglamento técnico operativo de lunes a domingo en horario nocturno”.
Alrededor de la cárcel Modelo se tienen identificados tres puntos de arrojo de escombros, que según dice la entidad, son atendidos todos los días de lunes a viernes; sin embargo, lo que se observa es lo contrario en las mañanas, cuando las comunidades vecinas evidencian que esas calles amanecen inundadas de basura y con la crisis social de las personas que por falta de atención social siguen habitando en improvisados cambuches.
Los residentes y comerciantes del sector, le exigen a la Administración Distrital soluciones inmediatas después de casi dos años en los que se ha visto sometidos por el abandono Distrital a vivir en medio de basuras, sus comercios han tenido que cerrar, la inseguridad es constante y ahora lo es también la venta y consumo de sustancias alucinógenas a cualquier hora del día; además de que se ha perdido el espacio público para la comunidad.
Y a esto se suma, la crisis social que se profundizó y que parece no importarle a las entidades del gobierno que deberían asumir acciones por la situación de cientos de personas que sin tener ninguna solución del Distrito, permanecen en la incertidumbre por no tener un hogar o vivienda para sus familias, son migrantes vulnerables, carreteros o recicladores que han quedado en condición de habitabilidad de calle en los andenes que rodean el lote que ocuparon por casi 18 meses y tras el desalojo, no encontraron ayudas. El riesgo para los niños y niñas que duermen a la intemperie, expuestos a todo tipo de riesgo, la insalubridad y as ratas que hay por el manejo inadecuado de residuos, en muchos casos peligrosos. ¿Qué más esperan para recuperar Bogotá? ¿Cuándo se decidirán a comenzar a escuchar y dar soluciones a los ciudadanos afectados?
Lucía Bastidas Ubaté - Concejal de Bogotá
