Con la reciente alerta de la Superintendencia de Industria y Comercio, revivió el fantasma de la corrupción en la contratación relacionada con los recursos para los niños y niñas de los colegios de la ciudad. Se trata de un gigantesco cartel de empresas que se dedicaron entre 2007 y 2017 a defraudar a la ciudad en procesos de contratación pública del Programa de Alimentación Escolar, PAE y algunos de ellos que actualmente tienen contratos suscritos con la Administración Distrital.
La Superintendencia logró establecer que un total de 9 empresas, una asociación y 16 personas naturales, acordaron eliminar a su competencia en procesos de selección contractual y lograron hacerse a más de 19 procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de Bogotá, PREB, del PAE y por eso, les impuso una multa de $28 mil millones. Son las compañías Aerodelicias, La Campiña, Servicial, Catalinsa, Ibeaser, Diseral, Liber, Spress, Surcolombiana, las que principalmente se distribuyeron las zonas de adjudicación del programa en una dinámica que no permitía la pluralidad de oferentes y por ende evitaba acceder a mejores precios, lo que terminó afectando a más de 700 mil estudiantes. Además, de que utilizaron la Asociación Asoproval para interponer tutelas, denuncias y otras acciones judiciales para retardar las acciones en su contra.
En 2016, fue la administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa, la que sacó a la luz pública las irregularidades y puso la información a disposición de las autoridades, con el fin de combatir al que denominaron el cartel del PAE y bajo el direccionamiento de la Secretaría de Educación cambiaron el modelo de contratación del Plan, para dar fin con esa modalidad que defraudó a la ciudad por miles de millones de pesos.
El llamado a los organismos de control y a las entidades encargadas de vigilar estos estos procesos es a ejercer control, identificar alertas y dar mayor celeridad a las investigaciones, ya que después de casi cinco años de denunciar, estas empresas siguieron operando sin mayor problema y accediendo a la contratación en Bogotá hasta la fecha.
Siguen contratando en la actual Administración
Actualmente hay vigentes 25 contratos con 4 de las 9 empresas (directos, por unión temporal o consorcios) por un valor total de $56.367.064.286.
Por ejemplo, AERODELICIAS S.A.S en 2020, tuvo dos contratos con la Secretaría de Educación; ambos iniciaron en febrero de ese año y finalizaron en septiembre, uno es de $1.481 millones y el otro de $1.283 millones. En 2021, suscribió seis contratos: en julio, los dos primeros, por plazo de 5 meses: uno, por valor de $476 millones y el otro por $405 millones; dos más en septiembre, uno por $526 millones y otro por $494 millones, con plazo de tres meses y los dos últimos en diciembre con plazo de tres meses, uno por $346 millones y otro por $657 millones. Actualmente, esta empresa tiene dos contratos; uno por $3.926 millones para compra de barras de cereal, firmado el 19 de febrero y el segundo por 1.704 millones de pesos, que tiene como objetivo el suministro de refrigerios, firmado el 24 de febrero. En suma, con esta administración ha tenido 10 contratos por un valor de $ 11.303.063.480.
Otro de los sancionados por la SIC, es Juan Carlos Almansa e Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S, empresa de su propiedad, que también ha suscrito contratos con esta Administración. En 2020, con dos contratos de manera simultánea, uno por $6.921 millones y otro más por $607 millones para el PAE Distrital. En 2021, suscribió cinco contratos con la SED para el PAE, uno por $8.690 millones, el segundo por $793 millones, otro por $565 millones, el cuarto por $619 millones y el último por $737 millones. En este momento Almanza y su compañía tienen en su registro de proponentes tres contratos de suministros firmados con la Alcaldía Mayor de Bogotá por un valor total de 9.832 millones de pesos. Los tres, a través de una unión temporal; se trata de los contratos de suministros 85586, 85776 y 85777 de febrero de 2022. Para un consolidado de siete contratos por $ 18.935.246.929.
En el caso de PROALIMENTOS LIBER S.A.S, encontré que en 2020, tuvo dos contratos con la Secretaría de Educación por valor de $9.637.447.043, ambos iniciaron en febrero de ese año y finalizaron en septiembre. Para 2021, logró tres contratos, por $ 13.655.366.961; uno de estos inició en agosto (por cinco meses), el otro en octubre (por tres meses) y el último en diciembre (por cuatro meses). Un total de cinco contratos por $ 23.292.814.004.
Finalmente, la INDUSTRIA ALIMENTOS Y CATERING S.A.S. que hace parte del CONSORCIO LOGÍSTICO CATALIMENTOS. En 2020, tuvo tres contratos por $2.835.939.873. Dos de estos, empezaron en febrero (por siete meses) y uno en marzo (por 5 meses y medio). En suma tienen 3 contratos por un valor de $ 2.835.939.873.
Sin más largas y ya con una sanción ejemplarizante contra estas asociaciones corruptas que le hacen trampa a los recursos de la ciudad, el gobierno Distrital debe poner la lupa inmediatamente sobre los contratos en mención, y establecer si entre los procesos actuales, hay conductas similares, que puedan estar relacionados con las constantes quejas que persisten en los colegios de Bogotá.
Lucía Bastidas Ubaté - Concejal de Bogotá
