Bogotá está al borde del colapso sanitario por la inminente suspensión del servicio que se presta en los cuatro cementerios del distrito (Central, Norte, Sur y Serafín). Hoy el concesionario Jardines de Luz y Paz S.A.S. anunció que dejará de operar por la posible imposición de una cuarta multa que los dejaría inhabilitados para seguir con el contrato de acuerdo a la Resolución 715 de 2023.
Le pido a la institucionalidad y especialmente a Aguas de Bogotá, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno que formen una mesa de trabajo con la UAESP para establecer un plan de contingencia que garantice la continuidad de los servicios de inhumación, exhumación, cremación y mantenimiento, que hoy realizan 140 trabajadores.
Llevo 10 meses denunciando las irregularidades en este contrato: incumplimientos, malos manejos de la fiducia y deficiencias en los servicios que han dejado como resultado la imposición de tres sanciones que suman $2.485 millones.
En este momento está en curso una cuarta sanción, que se emitiría posiblemente el próximo 3 de octubre para dar caducidad al contrato de concesión a cargo de Jardines de Luz y Paz S.A.S y como consecuencia tiene en jaque el servicio de los cementerios en la ciudad.
Hay varios temas que la UAESP debe aclarar a los bogotanos:
- ¿Cuál es el plan de contingencia para atender la demanda en los cuatro cementerios del distrito?
- ¿Qué acciones o medidas tomará la UAESP y el distrito contra el actual concesionario?
- ¿Qué acciones ha tomado la entidad contra el interventor? De acuerdo con la ex directora, Luz Amanda Camacho, en rueda de prensa del 12 de diciembre de 2022 afirmó que los audios publicados correspondían al contrato de interventoría.
- ¿Desde cuándo se conocen los audios que destaparon el escándalo de corrupción? ¿Fue en 2021 o 2022?
- ¿Qué ha pasado con el seguimiento y supervisión de la concesión? No han sido publicados los informes desde el mes de mayo hasta hoy.
- ¿Qué sucederá con las personas que trabajan en la concesión al momento de dar por terminado el contrato?
El contrato de concesión se firmó el 13 de mayo de 2021 por $41.301 millones por 5 años y entró en vigencia el 1 de julio de 2021, mientras que la interventoría inició a finales del mes de agosto de 2021 por un valor de $6.891 millones, casi dos meses después del inicio del contrato de concesión.
Hago un llamado a la Personería y Contraloría Distritales y la Fiscalía General de la Nación para que le cuenten a los bogotanos la verdad sobre los presuntos hechos de corrupción. No puede haber impunidad.
