Fue a través del Decreto 123 del 30 de abril de 2020, que la Alcaldía de Bogotá estableció los aportes transitorios y beneficios por $94.000 millones en los pagos de servicios públicos para hogares en los estratos uno, dos, tres y cuatro debido a la pandemia. Se trataba de descuentos especiales de entre 10% y 20% para los cobros en servicios de energía eléctrica, gas, aseo y acueducto que no se evidencian y los bogotanos viven una crisis más con este endeudamiento, teniendo que diferir la deuda a cuotas, como les ha correspondido hacer ya con tarjetas, pagos de colegios y universidades, créditos financieros e hipotecarios y demás por la cuarentena.
Así van los reclamos
Nada más entre los meses de marzo, abril y mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos, había recibido 45 mil reclamos por aumento en valor en las facturas. Quejas que revelan incrementos en viviendas y locales comerciales desocupados, que han abandonado, cerrado y dejado de funcionar por la coyuntura.
Entre el 22 de mayo y el 6 de junio, a la Secretaría de Hábitat llegaron 243 solicitudes, de las cuales, un 56% tienen que ver con posibles irregularidades en el servicio del gas, 28,8% con el de energía, 11,9% con el de acueducto y 2,8% con el de aseo. En lo corrido del año hay un registro de 116.500 trámites. De éstos: 84.000 reclamos tuvieron lugar durante el periodo de aislamiento.
Los ciudadanos refieren principalmente: incremento injustificado de hasta el doble del consumo habitual, cuando no se ha variado en gran manera y continúan en casa las mismas personas con similares labores. Episodios de comerciantes que completan cuatro meses con sus negocios cerrados, y sin embargo, los operadores decidieron promediarles la factura que les sigue llegando con un valor de su funcionamiento normal. En otros casos, personas que desde el inicio de la cuarentena se desplazaron a vivir con otros familiares, dejando sus apartamentos sin consumo, pero la factura no refleja el cese del consumo sino por el contrario aumento. Hechos que no se explican cuando las condiciones cambiaron y los usuarios las comprueban y además si hay subsidios de por medio.
Los operadores no están cumpliendo
Las empresas prestadoras no deben olvidar que su razón es el de servicio y el bienestar de los ciudadanos, la transparencia para cobrar demuestra su compromiso y agradecimiento con la ciudad. Incluso desde antes de iniciar el confinamiento, la inconformidad de los bogotanos con la calidad del servicio especialmente hacia Enel Codensa era notoria, los cortes constantes de energía y fallas en el suministro del servicio eran pan de cada día en localidades como Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.
La deuda pendiente de Codensa con la ciudad
A comienzos de este año informé sobre la polémica entre el GEB y Enel por unas decisiones unilaterales por las que el GEB ha dejado de recibir por concepto dividendos es $632.000 millones y se proyecta que para 2023 llegará a cerca de $2 billones. De esa suma, el Distrito no recibiría alrededor de $1.3 billones, como accionista mayoritario. Es una situación que la Administración debe atender son recursos que se necesitan en estos momentos en los que se requiere brindar alivios a los ciudadanos.
Aumentar tarifas cuando la realidad muestra que los ciudadanos a veces no tienen como alimentarse o subsistir, demuestra que las empresas de servicios públicos muy poco han apoyado en esta emergencia. El hecho que operadores como Enel Codensa realicen donaciones como lo informaron en marzo por un millón de dólares sin duda anima, pero también es el deber ser por parte de la empresa italiana que se ha beneficiado de la bogotana Codensa de la cual, el grupo de Energía de Bogota tiene 51% de participación. Además, hay una deuda pendiente sobre la distribución de dividendos que también es dinero de los bogotanos.
Concejal de Bogotá
