Encontramos que la empresa que hizo la interventoría es la misma para dos de los tres contratos que ganaron los hermanos Peña.
El primer contrato de los Peña se firmó en 2017 (selección abreviada), a través del Consorcio MIRAPAEZ 2017, por $39 mil millones, para el mejoramiento de una vía entre Miraflores y Páez, con Luis Fernando Ramírez Duarte como representante legal.
MIRAPAEZ 2017 fue conformado por dos empresas: I) Constructora y pavimentos de Colombia COPACOL (que tiene el 66% de la participación del consorcio), con José Antonio Peña Villalobos como representante legal. Y II) Constructora Esparta con Jairo Emiliano Omaña García como representante legal y Luis Fernando Ramírez, como suplente (Ramírez es representante legal del Consorcio).
Llama la atención que de acuerdo con los certificados de existencia de las cámaras de comercio la dirección comercial de las dos empresas que conforman el Consorcio es la misma, (Carrera 7ma con calle 156, Oficina 2401), registradas actualmente en la ciudad de Bogotá.
Este año (2023) la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Carlos Amaya por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual de este contrato firmado con el Consorcio MIRAPAEZ 2017.
Adicionalmente, la Contraloría abrió dos hallazgos administrativos (el primero con presunta incidencia disciplinaria) en el marco de este contrato de obra: uno por sobrecostos y retrasos en la ejecución de la obra y otro por cargue irregular de información financiera en la plataforma pública de registro de información..
En 2018 la Gobernación de Boyacá firma el segundo contrato de obra pública con los Peña, esta vez a través del Consorcio Corredor Vial del Oriente, contrato que inicialmente se firmó por $93 mil millones (con un plazo de 14 meses), pero que debido a retrasos y prórrogas tiene un valor actual de $124 mil millones y supuestamente finaliza en julio de 2023.
El Consorcio Corredor Vial del Oriente lo conforman: Colombiana de Ingeniería y Pavimento COIPAV SAS (90% de la participación) con José Antonio Peña Villalobos como representante legal y Constructora Esparta con la representación legal de Jairo Emiliano Omaña García.
La primera alerta sobre este proceso contractual la realizó el Instituto Nacional de Vías (Invias), que en 2018 le hizo un requerimiento a la Gobernación de Boyacá, señalandoles que los pliegos de contratación para este y otros procesos de contratación podrían limitar la competencia justa en las licitaciones.
En 2019 se firma el tercer contrato con la familia Peña por $4 mil millones. Esta vez a través del municipio San Eduardo (Boyacá) que suscribe contrato con el Consorcio Vías San Eduardo 2019. El representante legal de este Consorcio fue (de nuevo) Luis Fernando Ramírez Duarte.
EEl Consorcio Vías San Eduardo 2019 está conformado por Constructora El Alcázar SAS (99% de la participación) e Ingenieros Contratistas de Colombia SAS (con el 1% de participación restante). De acuerdo con el Registro Único Empresarial (RUES), el representante legal suplente de Constructora El Alcázar SAS es David Felipe Peña Villalobos, hermano de José Antonio. Mientras que los representantes legales de la empresa Ingenieros Contratistas de Colombia SAS son Luis Fernando Ramírez Duarte y Jairo Emiliano Omaña.
Además, ¡Qué coincidencia!. El interventor de dos de los tres contratos coincide: LR Proyectos LTDA hizo la interventoría tanto del contrato MIRAPAEZ 2017 (mejoramiento de la vía entre Miraflores y Páez), como del contrato con el Municipio de San Eduardo. Rodolfo Daza Rodríguez, representante legal de LR Proyectos.
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal (PRF-2020-37107) en agosto de 2021 contra la secretaria de Hacienda de la Gobernación de Carlos Amaya y contra Rodolfo Daza, como representante legal del interventor LR Proyectos LTDA por el contrato MIRAPAEZ 2017.
La lista de asociación es larga, los contratos numerosos en Boyacá y Meta, los personajes se repiten.
Como gobernador de Boyacá, la conducta de Amaya no sólo es cuestionable a la luz de sendos informes de la Contraloría General de la Nación (CGN 2016, 2017, 2018) que muestras incontables incumplimientos, mentiras y detrimento patrimonial, sino por cuatro procesos disciplinarios que al día de hoy están activos en la Procuraduría General de la Nación
