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A pesar de haber agotado los caminos institucionales –nacionales e internacionales- para demandar el cumplimiento del componente de seguridad, protección y garantías para continuar con el proceso irreversible de reincorporación social y comunitaria, hasta el momento la inacción y desinterés del Gobierno Nacional ha permitido que se hayan cegado 236 vidas de excombatientes que se la jugaron plenamente en la construcción de la paz y el postconflicto. Solo este año, a pesar de la pandemia, se han presentado 56 asesinatos.
Son cerca de 2.000 exguerrilleros y activistas de distintas organizaciones que llegaron desde varias partes del país a Bogotá, en una peregrinación en la que su consigna es sencilla pero muy contundente: “no firmamos la paz para que nos asesinen, sino para morir de viejos”.
El presidente Ivan Duque y sus múltiples consejeros decidieron ignorar al propio Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien advirtió el 31 de diciembre, que el 2019 fue el año más difícil en materia de seguridad para los que cumplen el acuerdo de paz: 77 excombatientes muertos en Colombia. El panorama este año no ha mejorado para nada, así el Alto Consejero, Emilio Archila, quiera convencer a la sociedad de lo contrario.
Ahí quedan los sueños, de ellos y sus familias, pero sobre todo, de los sectores de la sociedad que aún ante las adversidades, la impunidad para desarticular el fenómeno del paramilitarismo y el incremento de las acciones indiscriminadas de los violentos armados, han acompañado los esfuerzos de paz. Solamente durante este año, a 31 de octubre, ya se registran 70 masacres a lo largo del país, en la Colombia profunda, razón suficiente para levantar la voz y en exigir nuevamente el cumplimiento a lo pactado.
Las fuerzas políticas y sociales que acompañamos el proceso de paz, debemos sumarnos a estos reclamos de las personas que le han cumplido al país y que ahora intentan llevar una nueva vida desde la legalidad. Es hora de que la Comisión Nacional de Garantías, cuyo Secretario es el Comisionado Miguel Ceballos, deje de ser una instancia de papel y cumpla su función de proteger la vida de los excombatientes y sus familias.
