Es evidente que la administración distrital entró en razón y reconoce por fin las diferencias entre hacer campaña prometiendo la compra masiva de buses eléctricos y de energías limpias y gobernar afrontando la realidad en costos, consecución y los estudios técnicos que demuestran la importancia de salvaguardar la sostenibilidad económica y financiera del sistema de transporte público.
Es así, como la alcaldesa Claudia López, presentó objeción al Proyecto de Acuerdo Distrital 256 de 2020, a la parte específica que consagraba que: “A partir del 1 de enero de 2022, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público”, argumentando que no se consagraron las fuentes de financiación correspondientes que permitan dar cumplimiento a lo que se pretende allí y que genera inconvenientes.
Además, reconoce una limitante que se había puesto de presente bajo la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, cuando se adquirían los nuevos buses para reemplazar las flotas de TransMilenio en el componente zonal y troncal, en materia de infraestructura y logística de soporte. Ya que la implementación de tecnologías de cero emisiones requiere puntos de recarga no solo en un patio taller específico sino en toda la ciudad para garantizar su constante funcionamiento. Ahora bien, recordemos que gracias a la gestión de Enrique Peñalosa en los últimos años, dentro de la flota del SITP se ha duplicado la participación de tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones de material particulado, al pasar del 33,1% en 2014 a más del 60% en la actualidad.
Resalto que las justificaciones de la Administración se basen en argumentos y aspectos técnicos que aún fueron planteados en su momento por la administración de Enrique Peñalosa. Además, que se estén realizando avances para la implementación del Plan de Acción Climática de Bogotá 2020 - 2050, donde se incluye la gestión para la reducción de, al menos, 15% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2024. Los buses eléctricos pueden llegar a ser entre 30 y 40 por ciento más caros y por eso se está tratando de evitar dos situaciones que podrían ser muy desafortunadas: La primera, que por esa decisión no se tenga la capacidad de sustituir algunos buses y se tengan que eliminar rutas que son clave para los bogotanos; y la segunda, es la posibilidad que dada esa restricción sigan circulando unos años más buses que generan mayores niveles de contaminación porque funcionan con diésel.
Es así como queda en evidencia también, la poca atención que presta el gobierno distrital en los debates de los proyectos de acuerdo de autoría de los concejales, lo que ha llevado a que después de esas discusiones, mesas técnicas, los argumentos del Proyecto de Acuerdo y la autora, la Administración guardó silencio frente a la posibilidad de no firmar el proyecto u objetar en el debate este punto.
Lucía Bastidas Ubaté
Concejal de Bogotá
