Bogotá ha sido clave para desenmascarar a los traficantes de los refrigerios escolares

Cuando llegó la administración del alcalde Enrique Peñalosa y encontró falta de transparencia en contratos por 500.000 millones para la entrega de refrigerios escolares en Bogotá, su primera decisión fue cambiar el modelo.

De la mano de Colombia Compra Eficiente se estableció un sistema que permitía tener listas de precios basadas en estudios para que los costos de los alimentos no fueran puestos por los contratistas sino por la ciudad.

Cuando hablo de valentía de Bogotá, me refiero a varias cosas: primero, a que la Secretaría de Educación le entregó a la Superintendencia de Industria y Comercio todos los soportes de la contratación de alimentación escolar hecha entre el 2007 y el 2016 para que se pudieran identificar las prácticas corruptas.

Segundo, la secretaría de Educación y el alcalde Enrique Peñalosa tuvieron que enfrentar debates políticos en los que se trató de cuestionar la decisión de cambiar el modelo de contratación en el que siempre participaban los mismos 12 contratistas. Hoy participan más de 40 y los precios de los alimentos los pone Bogotá y no ellos.

Tercero, porque apadrinados por amigos políticos, los contratistas que en el pasado se adueñaron de la contratación de los alimentos intentaron presionar para que la Secretaría de Educación reversara los cambios que hoy convierten a la ciudad en modelo para el país.

Bienvenidos los resultados de las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha pedido investigar a 28 proveedores en la Fiscalía. Esas decisiones se dieron gracias a que Bogotá no tuvo miedo de entregar la información y de enfrentar las presiones.

Hoy gracias a ello, la alimentación escolar de la ciudad se paga a precios basados en estudios y la calidad de los refrigerios se controla directamente en las plantas de producción y en los puntos de distribución de los colegios con al Invima, la secretaría de Salud y el Ministerio de Salud.