Resulta absurdo e indignante para muchos propietarios de carros particulares, que no solo los adquieren para movilizarse por la ciudad, sino que en muchos casos es su herramienta de trabajo, que la única opción que les da la alcaldesa frente a sus reclamos por la extensión de la medida, sea vender el carro para no pagar impuestos.
Para 2021, se recaudaron más de $950.00 millones en impuestos de vehículos, recursos que van al funcionamiento e inversión de la ciudad en general: sin embargo, los ciudadanos reclaman porque no ven reflejado el uso de esos dineros en seguridad, obras, o mejoras al transporte público y califican la imposición de la alcaldesa como una medida improvisada que no les da garantías.
En Bogotá hay aproximadamente 2.400.000 vehículos, de los cuales 1.200.000 son automóviles (50%), 480.000 son motocicletas (20%), 336.000 son camionetas (14%). Si hablamos de transporte público, son 120.000, que equivalen al 5% y taxis amarillos 48.000, es decir, 2%. Según la encuesta de movilidad de 2019 en Bogotá se realizaban cerca de 13.359.728 viajes al día, de la siguiente manera: Peatones 23.9%, Transmilenio 18%, Auto 14.9%, SITP Zonal 11.1%, SITP Provisional 6.7%, bicicleta 6.6%, moto 5.5%, taxi 4.9%, informal 3.3% y especial 3.2%, lo anterior, evidencia que aproximadamente el 67% de los viajes se realizan en modos sostenibles, 37% en transporte público 30% a pie y en bicicleta.
Varios expertos en movilidad que reaccionaron al pronunciamiento de la alcaldesa y coinciden en que la medida generará un aumento de la congestión en las vías, el 58% de los viajes se realizan en los picos de la mañana y tarde, los patrones de viaje cambiaron a raíz de la pandemia por el Covid-19, por lo que la ampliación del pico y placa generará mayor congestión en las horas de mayor tránsito con los vehículos que pagarán la excepción. En el periodo valle, habrá reducción en el corto plazo y en el mediano plazo habrá un estímulo a la compra de un segundo vehículo, incrementando los trancones y la contaminación, y además, la mayor congestión en horas pico, de ciudadanos que no podrán utilizar su carro, afectará la operación del SITP Zonal y Alimentadores que se ha visto, que no logran atender la actual demanda y desde ya deben comenzar a tender una mayor.
Otro punto que debe reconsiderar la Administración Distrital, es que no hay calidad ni seguridad para que los ciudadanos migren del vehículo particular a la bicicleta o el transporte público. Las cifras demuestran que en el caso de la bicicleta, además de que no es un vehículo que se adapte a un núcleo familiar, no hay infraestructura vial adecuada o suficiente, especialmente en el sur, donde ni siquiera hay ciclorutas y los ciclistas se exponen compartiendo carril con transporte pesado y público en plena hora pico. En este caso, la siniestralidad vial de 2021 revela que de 2020 a 2021 se incrementó en un 37% la muerte de ciclistas en la capital.
Si hablamos de los ciudadanos que pasarán a ser peatones para usar el transporte público, la siniestralidad aumentó en un 40% para estos actores viales; y previendo que como una respuesta posible se incrementará la compra de motocicletas, también se señala que la mortalidad en la vía de motociclistas creció de 2020 a 2021 un 46%, según el reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Vale la pena revisar lo planteado por la Administración Distrital, que se dé el tiempo de concertar con los sectores productivos, empresariales y educativos, la flexibilización en los horarios de ingresos y salidas en las oficinas y lugares de trabajo con el fin de reducir el volumen de personas que se mueven en las horas pico y en los diferentes modos, fomentar el teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan, en alternancia con la presencialidad. Priorizar los Planes de Manejo de Transito articulados con las diferentes obras que se están realizando en la ciudad.
Adoptar algunas excepciones o alivios para la población de adultos mayores de la ciudad, que en un 20.35% se movilizan en automóvil, que no pueden migrar al transporte público por condiciones médicas, por cuidados especiales o porque les implica tener acompañante e incrementa el costo, y con las personas, especialmente de estratos 1, 2 y 3, que demuestren que su actividad laboral o económica depende de su vehículo particular, que se busquen modos sostenibles, pero se debe armonizar con las dinámicas económicas de la ciudad.
Lucía Bastidas Ubaté – Concejal de Bogotá
