- Niñas y adolescentes mujeres representan más del 73 % de los casos de violencia sexual reportados, advirtió el concejal Samir Bedoya.
- El 82,7 % de los casos de violencia sexual escolar ocurre en instituciones públicas, indicó el cabildante Armando Gutiérrez.
- Concejo solicitó fortalecer la corresponsabilidad entre familias, colegios y Distrito.
En sesión de la Comisión de Gobierno, el Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político sobre la implementación de acciones para la prevención del abuso sexual infantil, citado por los concejales Samir Bedoya, Fabián Puentes y Armando Gutiérrez.
Durante el debate, los cabildantes Samir Bedoya, Fabián Puentes, Armando Gutiérrez, Clara Lucía Sandoval, María Clara Name, Andrés Barrios y Ana Teresa Bernal señalaron que Bogotá presenta falencias en materia de prevención frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA), pese al aumento de denuncias, alertas y casos reportados. Frente a ello, alertaron debilidades en los sistemas de protección a menores relacionadas con fallas en la detección y activación de rutas de atención, ausencia de información integrada y limitaciones institucionales para la implementación de acciones efectivas. En ese sentido, insistieron en la necesidad de fortalecer un modelo preventivo basado en detección temprana, presencia territorial y seguimiento riguroso.
Contextualizando esta problemática, indicaron que entre 2024 y 2026, Bogotá reportó cerca de 40.000 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales cerca de la mitad corresponde a violencia sexual. Bajo este panorama, advirtieron que 1 de cada 2 casos de violencia contra menores está asociado a este delito, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes representan más del 73 % de los casos reportados.
Respecto a los entornos escolares, alertaron que en 2025 se registraron 10.793 víctimas de violencia sexual en instituciones educativas, de las cuales el 82,7 % correspondió a colegios públicos. De acuerdo con lo expuesto, el 39,7 % de los casos fue cometido por personas vinculadas al núcleo familiar, el 39,6 % por compañeros del mismo colegio y el 4,23 % por docentes, siendo Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar las localidades con mayor concentración de estos hechos.
Los concejales también cuestionaron la trazabilidad institucional de los casos, señalando que, durante el año pasado, 3 de cada 4 hechos atendidos por el sistema de salud no aparecieron registrados en las bases policiales, mientras que la brecha entre atención y denuncia aumentó un 57 % entre 2024 y 2025. Asimismo, expusieron el impacto económico que representa la falta de prevención, indicando que la atención integral de un menor, víctima de abuso sexual, sumada a las afectaciones en salud mental, podría costarle al Distrito cerca de 465 millones de pesos por caso. Bajo esta proyección, los 2.516 casos de violencia sexual que llegaron a Medicina Legal en 2025 representarían una carga potencial superior a 1,17 billones de pesos anuales.
Finalizando la jornada, los cabildantes resaltaron la importancia de consolidar una política preventiva basada en la corresponsabilidad entre familias, instituciones educativas y Distrito, fortaleciendo hogares, barrios y colegios como espacios de detección temprana y protección. Asimismo, instaron a la Administración Distrital a unificar el seguimiento de los casos de violencia contra NNA, integrar la información entre entidades, priorizar acciones territoriales con enfoque de género y garantizar el cierre efectivo de los casos, junto con la restitución integral de los derechos de los menores.
