- Concejales denunciaron retrasos y contratos fallidos en proyectos de infraestructura penitenciaria.
- Debate advirtió que Bogotá enfrenta hacinamiento crítico mientras obras estratégicas siguen sin ejecutarse.
- Cabildantes cuestionaron que la ciudad tenga más capturas, pero sin capacidad suficiente para recluir a los delincuentes.
La crisis carcelaria y el retraso en los proyectos de infraestructura de seguridad volvieron al centro del debate en el Concejo de Bogotá. Durante la Comisión Tercera de Hacienda, concejales de las bancadas Alianza Verde y Partido Liberal cuestionaron el manejo de los recursos destinados a infraestructura penitenciaria y advirtieron una combinación crítica entre hacinamiento, inseguridad y falta de capacidad institucional.
El concejal Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde) aseguró que “Bogotá hoy está peor” en varios indicadores de seguridad frente a 2023. Señaló que los homicidios pasaron de 1.084 casos en 2023 a 1.186 en 2025, mientras la extorsión aumentó de 1.527 a más de 2.228 casos. También cuestionó que la ciudad mantenga un déficit superior a 1.471 cupos penitenciarios, pese a que la ocupación en URI y centros de reclusión alcanzó niveles cercanos al 172%. El cabildante alertó además sobre el deterioro de la salud mental en la población privada de la libertad. Según las cifras expuestas, los casos de ideación suicida aumentaron un 355%, pasando de 53 casos en 2023 a 241 en 2024, mientras que los intentos de suicidio crecieron un 160%.
Uno de los principales cuestionamientos giró alrededor de la construcción de la Cárcel Distrital 2, Sastoque señaló que el contrato firmado con RenoBo por más de $5.196 millones terminó sin resultados concretos y aseguró que la ciudad sigue sin estudios definitivos ni obras iniciadas. También afirmó que existen proyectos de fortalecimiento penitenciario y tecnológico con ejecución cercana al 0%, pese a contar con recursos aprobados.
En la misma línea, la concejala Clara Lucía Sandoval Moreno (Partido Liberal) aseguró que Bogotá heredó “un proyecto desfinanciado y un lote sin legalizar” de la administración anterior. Además, responsabilizó al Gobierno Nacional por mantener personas condenadas en estaciones de policía y URI, situación que, según indicó le ha costado a la ciudad cerca de $189.000 millones en alimentación, salud y custodia. Por su parte, la concejala María Victoria Vargas Silva reconoció fallas en la planeación del proyecto, aunque destacó avances institucionales para reducir el hacinamiento y agilizar procesos judiciales.
Durante el debate también se expusieron retrasos en proyectos como la URI de Suba, el CTP de Puente Aranda y varias casas de justicia. Según las cifras presentadas, sedes como Chapinero alcanzan niveles de sobreocupación cercanos al 306%, mientras otras localidades superan el 200%.
El concejal Samir Abisambra (Partido Liberal) cuestionó la baja efectividad de las inversiones públicas en infraestructura de seguridad y aseguró que varios proyectos presentan retrasos, reprocesos administrativos y contratos fallidos, pese a los recursos comprometidos por el Distrito.
Finalmente, el concejal Armando Gutiérrez González (Partido Liberal) insistió en la necesidad urgente de construir una segunda cárcel distrital y pidió establecer posibles responsabilidades frente al fracaso del contrato con RenoBo y sus eventuales efectos fiscales.
El debate evidenció preocupaciones frente a la ejecución de los recursos y la capacidad institucional para responder al aumento del delito y al hacinamiento en Bogotá. La sesión fue suspendida y continuará en una próxima jornada, en la que la Administración Distrital deberá responder los cuestionamientos planteados por los concejales y explicar el estado real de los proyectos de infraestructura penitenciaria y seguridad en la ciudad.
